La presidenta Sheinbaum aclaró que las investigaciones de la FGR en México sobre gobernadores corresponden a entrevistas legales.

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El Poder Ejecutivo Federal fijó una postura clara respecto a los recientes citatorios emitidos por las autoridades ministeriales federales dirigidos a mandatarios estatales en funciones y con licencia. La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró de forma categórica que la Fiscalía General de la República no imputa formalmente ningún delito a los gobernadores involucrados. La mandataria nacional precisó que la representación social únicamente desahogará una serie de entrevistas institucionales sobre los casos específicos en los que presuntamente están relacionados. Por consiguiente, la titular del Ejecutivo exhortó a la opinión pública a no adelantar juicios políticos antes de que concluyan los procesos correspondientes. Las investigaciones de la FGR en México avanzan conforme a los tiempos que marcan las carpetas de indagación vigentes.

Citatorio en la Ciudad de México por operativo federal

El órgano ministerial citó formalmente a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para comparecer este próximo miércoles en las oficinas centrales de la dependencia. Las autoridades federales interrogarán a la mandataria estatal respecto a un operativo donde participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Dicha intervención internacional logró el desmantelamiento total de un laboratorio clandestino de alta capacidad utilizado para la producción de metanfetaminas. “Como parte de los procedimientos ordinarios entiendo que llamaron a la gobernadora también a una entrevista”, puntualizó la presidenta Sheinbaum durante su intervención matutina. La jefa del Ejecutivo reiteró que este llamado civil no significa bajo ninguna circunstancia que exista una acusación penal directa en su contra.

Situación jurídica de los servidores públicos de Sinaloa

La jefa del Estado mexicano reconoció abiertamente que el panorama en el noroeste del país incluye la revisión de perfiles de alta jerarquía política. El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, forma parte de un listado de diez funcionarios que la administración norteamericana solicitó detener. El gobierno de los Estados Unidos requirió de forma urgente la captura de estos servidores públicos con fines de extradición hacia su territorio. No obstante, Sheinbaum Pardo ha insistido firmemente ante sus homólogos estadounidenses que deben presentar pruebas contundentes antes de ejercer cualquier acción judicial. Las autoridades de aquel país vinculan presuntamente a estos políticos con una de las facciones operativas del cártel de Sinaloa.

Despliegue de comparecencias ante el Ministerio Público

La Fiscalía General de la República abrió una investigación formal y citó a diversos actores políticos sinaloenses para recopilar testimonios de primera mano. Entre las personas llamadas a comparecer destaca el Senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de la presidencia municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Asimismo, la mandataria federal refirió que otros dos individuos ya se entregaron voluntariamente ante la justicia para aportar datos relevantes a la indagatoria. “No hay imputación formal, por lo que nos ha reportado la fiscalía a nadie, sino sencillamente entrevistas de rutina”, comentó la presidenta de la república. Las investigaciones de la FGR en México buscan esclarecer las redes de protección institucional que presuntamente favorecen a los grupos delictivos organizados.

Respeto a la soberanía y debido proceso legal

El gobierno federal mantendrá una postura de colaboración absoluta pero exigiendo el respeto irrestricto a los canales diplomáticos y a la soberanía nacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores vigila de cerca los términos de las solicitudes internacionales para evitar violaciones flagrantes a las garantías individuales de los ciudadanos. Mientras tanto, los Ministerios Públicos federales continuarán integrando los expedientes correspondientes recabando las declaraciones de todos los servidores públicos mencionados en los informes de inteligencia. Los resultados de estas diligencias ministeriales determinarán si existen elementos suficientes para proceder con alguna acusación formal ante los tribunales penales competentes del país.

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