Autoridades de Movilidad analizan las zonas habitacionales afectadas luego de que retiran sistema Biciplaya de la zona centro
Playa del Carmen, QR. El panorama de la movilidad urbana en la Riviera Maya experimenta una transformación definitiva tras oficializarse el cese definitivo de un conocido programa de transporte sustentable. El gobierno municipal de Solidaridad reconoció que los equipos del sistema de renta de bicicletas denominado “Biciplaya” fueron removidos de la vía pública de forma integral. Esta infraestructura la administraba directamente la compañía Playaparq, la cual determinó la suspensión de las operaciones debido a que el modelo de negocio actual resultó obsoleto frente a las dinámicas vigentes de la localidad. A pesar de la desaparición de este servicio recreativo, las autoridades locales aclararon que la medida no altera de ninguna manera las condiciones legales de la concesión general otorgada para el control del estacionamiento en la vía pública.
Esquema financiero previo
La introducción de los vehículos ligeros ocurrió originalmente en el año 2018 como un adendo complementario al contrato principal de los dispositivos de cobro en las vialidades, funcionando inicialmente para mitigar la inconformidad social. El director de Movilidad del Ayuntamiento, Juan Carlos Tun, pormenorizó que durante todo el tiempo de actividad, el cual concluyó formalmente en marzo pasado, los recursos económicos recaudados ingresaron exclusivamente a las cuentas de la operadora privada. El municipio no percibió ningún porcentaje o beneficio financiero derivado de las tarifas pagadas por los usuarios de las bicicletas. Paralelamente, el funcionario atendió las dudas sobre la reactivación de cajones en la avenida 10, explicando que estos espacios viales se restituyeron de manera parcial debido a que la arteria se reconfiguró a un solo sentido de circulación.
Polígono de cobro
La empresa concesionaria planea extender la colocación de sus dispositivos reguladores hacia la colonia Zazil-Ha, un sector urbano que originalmente se consideraba de naturaleza habitacional y exento de estas medidas regulatorias. No obstante, la revisión de los documentos oficiales expedidos durante la gestión gubernamental de Cristina Torres reveló que dicha zona geográfica se encuentra plenamente integrada dentro del perímetro autorizado desde 2018. Ante esta situación, la administración municipal actual mantiene mesas de negociación constantes con los directivos empresariales para establecer acuerdos que impidan afectaciones severas a la economía de los residentes. Como medida de protección inmediata, el titular de la Dirección de Movilidad sugirió a los colonos iniciar formalmente la gestión de sus tarjetones de exención para evitar cobros indebidos frente a sus domicilios.
