Grabaciones en plataformas digitales exponen casos de tortura de policías en Chiapas dentro de instalaciones gubernamentales
San Cristobal de las Casas, Chiapas. La Fiscalía General del Estado de Chiapas inició una carpeta de investigación penal tras la difusión masiva de diversas grabaciones digitales que exponen a servidores públicos ejerciendo asfixia deliberada contra dos ciudadanos. Las plataformas sociodigitales evidenciaron los abusos cometidos por los oficiales de las corporaciones policiacas locales, quienes colocaron bolsas de plástico oscuro en la cabeza de las víctimas como método de coacción física. Las imágenes muestran las graves dificultades respiratorias de los afectados tras permanecer sometidos durante varios minutos en el interior de un inmueble institucional; por lo tanto, las autoridades ministeriales ordenaron el despliegue de peritos para identificar la procedencia de la tortura de policías en Chiapas y castigar las conductas criminales.
Identificación de corporaciones y pesquisas
En las evidencias visuales recopiladas se observa con nitidez que uno de los agresores vestía indumentaria oficial con las siglas de la FGE; asimismo, otro de los involucrados portaba una camiseta con el emblema de la Secretaría de Seguridad del Pueblo. Ante el escándalo público, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó la designación inmediata de una célula especial de ministerios públicos encargada de recabar los elementos probatorios indispensables para deslindar las responsabilidades jurídicas conducentes. Las indagatorias técnicas buscan establecer la fecha exacta y las coordenadas geográficas de las celdas de retención donde se consumó la agresión; de esta forma, el aparato judicial busca sancionar de manera severa la tortura de policías en Chiapas captada por cámaras ocultas.
Postura gubernamental y derechos constitucionales
El mandatario de la entidad federativa, Eduardo Ramírez Aguilar, emitió un pronunciamiento enérgico en el cual solicitó de manera formal a la institución ministerial actuar con absoluta celeridad contra los implicados, manifestando su respeto irrestricto a la autonomía de la fiscalía. La jefatura del poder ejecutivo estatal enfatizó que los sistemas de procuración de justicia deben salvaguardar las garantías individuales de cualquier indiciado, de manera independiente a la gravedad de los hechos punibles que les sean atribuidos penalmente en sus procesos. Los mandos policiales quedaron suspendidos provisionalmente de sus funciones operativas; en consecuencia, el expediente derivado de la tortura de policías en Chiapas se integrará con perspectiva de derechos humanos para evitar márgenes de impunidad institucional.
