Omar García Harfuch reiteró que la cooperación con la CIA en México se limita estrictamente al intercambio de información estratégica
Una investigación difundida este martes por la cadena estadounidense CNN señala que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha intensificado una estrategia encubierta en territorio nacional, participando presuntamente en operativos letales contra grupos criminales. El reporte vincula a la agencia con la muerte de Francisco Beltrán, conocido como “El Payín”, un mando medio del Cártel de Sinaloa cuya camioneta explotó tras abandonar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Tecámac, Estado de México. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, este suceso formaría parte de una campaña de la CIA en México liderada por una unidad de élite denominada Ground Branch. Dicha división secreta habría expandido sus funciones operativas desde el año pasado, pasando del intercambio pasivo de información a la ejecución de acciones directas contra objetivos vinculados al narcotráfico en diversas regiones del país.
Rechazo categórico del Gobierno Federal
Ante la difusión de estas versiones, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desmintió tajantemente cualquier intervención unilateral de organismos extranjeros. A través de sus canales oficiales, el funcionario aseguró que la actual administración rechaza cualquier narrativa que sugiera la existencia de misiones encubiertas de la CIA en México destinadas a neutralizar criminales de forma autónoma. Harfuch subrayó que la soberanía nacional es un principio innegociable y que las labores operativas corresponden estrictamente a las instituciones de seguridad mexicanas. Por consiguiente, cualquier colaboración con Washington se limita al intercambio de inteligencia bajo un esquema de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto absoluto al marco legal vigente, descartando que existan permisos para que agentes foráneos actúen con letalidad en suelo mexicano.
Cooperación bajo sospecha y antecedentes
El debate sobre la presencia de la CIA en México ha cobrado fuerza tras incidentes previos que han puesto en entredicho los límites de la colaboración binacional. El pasado mes de abril, trascendió que agentes estadounidenses participaron disfrazados de policías locales en la localización de laboratorios en Chihuahua, evento que no fue notificado a las autoridades federales y que resultó en el fallecimiento de dos de ellos. No obstante, García Harfuch insistió en que los avances significativos en la incautación de precursores químicos y desmantelamiento de estructuras financieras se han logrado mediante canales institucionales legítimos y no a través de guerras secretas. Mientras tanto, analistas internacionales observan con cautela el incremento en la agresividad de las operaciones reportadas por medios extranjeros, las cuales representarían una transformación radical en la forma en que el Departamento de Estado gestiona la seguridad en la frontera sur.
Defensa de la soberanía nacional
La postura oficial del Gabinete de Seguridad es clara en señalar que las acciones contra el crimen organizado transnacional no permiten la subordinación de las fuerzas locales a intereses externos. De esta forma, el Gobierno de México busca disipar las dudas sobre la autonomía de sus cuerpos policiales frente a las filtraciones que sugieren una mayor injerencia de la CIA en México en tareas de alto impacto. Es imperativo, según las autoridades, que la relación con las agencias estadounidenses se mantenga dentro de los mecanismos formales establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores para evitar crisis diplomáticas. En consecuencia, mientras la prensa internacional sostiene que la letalidad de las operaciones de la agencia ha crecido, la administración mexicana se enfoca en demostrar que los resultados operativos son producto de una estrategia propia y soberana, diseñada para proteger la integridad del territorio y sus ciudadanos sin intervencionismos.
