El acoso judicial es una de las nuevas facetas de la censura contra periodistas que busca asfixiar la libertad de prensa
Ciudad de México. La libertad de expresión en el territorio nacional atraviesa una crisis profunda donde la represión ha evolucionado hacia métodos de control tecnológico y falta de transparencia gubernamental. Durante la presentación del informe anual “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”, la organización Artículo 19 advirtió que la censura contra periodistas ya no se limita a las agresiones físicas, sino que se ha sofisticado mediante el espionaje estatal y la restricción del acceso a datos públicos. Leopoldo Maldonado, director regional de la entidad, subrayó que el país se ha convertido en un laboratorio de tendencias autoritarias, donde el debilitamiento de las instituciones de rendición de cuentas permite que el Estado incremente su conocimiento sobre la ciudadanía mientras oculta su propio actuar.
Un panorama de violencia letal
El balance del año 2025 revela cifras alarmantes, pues se documentaron 451 ataques dirigidos hacia comunicadores, lo que representa una agresión cada 19 horas en promedio. Entre los incidentes más graves se encuentran siete homicidios, una desaparición forzada y ocho intentos de asesinato, consolidando a México como el país más peligroso de la región para ejercer el periodismo. Esta atmósfera de riesgo también ha afectado gravemente a quienes realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas, sector que registró siete asesinatos y cuatro desapariciones el año pasado. Por consiguiente, la censura contra periodistas forma parte de un fenómeno de silenciamiento generalizado que busca inhibir la investigación de temas sensibles para el poder público y los grupos criminales.
Tecnología y acoso judicial
Además de la violencia directa, el informe destaca el uso de herramientas de espionaje como el software Pegasus para intervenir dispositivos móviles, con al menos 456 ataques registrados recientemente. Maldonado señaló que el acoso legal también experimentó un incremento del 7%, traduciéndose en una nueva acción jurídica contra la prensa cada semana, con el fin de asfixiar económicamente a los medios. De esta forma, la censura contra periodistas se ve reforzada por la desaparición del órgano autónomo de transparencia en 2024, lo que ha vuelto el derecho a la información más restrictivo y costoso. Las entidades que concentran la mayor cantidad de agresiones son la Ciudad de México, Puebla, Michoacán, Veracruz y Oaxaca, donde el abuso del poder público representa el 34% de los casos reportados.
Crisis migratoria y regional
La problemática se extiende por Centroamérica, donde se contabilizaron 674 agresiones totales y 12 asesinatos vinculados a la labor informativa en naciones como Guatemala, Honduras y El Salvador. En este último país, al menos 44 reporteros se vieron obligados al exilio debido a la persecución, mientras que en Nicaragua la cifra de comunicadores desplazados supera los 300 en la última década. Es imperativo que se reconozca que la censura contra periodistas en la región está configurando una asimetría de información que vulnera la democracia; por lo tanto, Artículo 19 hace un llamado urgente a restablecer los mecanismos de protección y transparencia para evitar que el silencio se convierta en la norma institucional bajo un esquema de vigilancia permanente.
