El proceso jurídico relacionado con el caso María Elena continúa sin una resolución definitiva tras siete años de la agresión inicial
Ciudad de México. La representación legal de Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como el presunto autor intelectual de la agresión perpetrada contra la saxofonista María Elena Ríos, compareció este miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar el retorno del expediente a la jurisdicción de Oaxaca. Este proceso judicial, que ha permanecido activo desde el ataque con sustancias corrosivas ocurrido en 2019, se encuentra actualmente bajo el escrutinio del máximo tribunal del país; no obstante, la defensa argumenta que el litigio debe resolverse en los tribunales locales donde se originaron los hechos. El abogado Edgar López sostuvo que diversas resoluciones favorables a su cliente fueron revocadas mediante mecanismos procesales cuestionables, lo que ha impedido la conclusión del caso María Elena, el cual ha ganado relevancia internacional como un símbolo de la lucha contra la violencia de género en México.
Denuncian irregularidades procesales
Durante una manifestación frente a la sede del Poder Judicial, el equipo jurídico de Vera Carrizal entregó una misiva dirigida al ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, en la cual se expone que el proceso ha sido instrumentalizado con objetivos políticos. La defensa afirma que el expediente ha permanecido estancado durante casi dos años en su fase actual, por consiguiente, solicitan que la justicia estatal retome la competencia para agilizar el dictamen final. Según las declaraciones del litigante, la demora institucional ha afectado los derechos de su representado, mientras que el caso María Elena sigue atrayendo la atención de organismos de derechos humanos por la gravedad de las lesiones infligidas a la víctima hace siete años.
Disputa por reparación económica
El exdiputado Vera Carrizal manifestó en su misiva que existen intereses financieros que han entorpecido el desarrollo del juicio, señalando directamente la solicitud de reparación del daño interpuesta por la parte afectada. La suma demandada por la defensa de la saxofonista asciende a 87 millones de pesos, una cifra que los representantes del acusado consideran desproporcionada y como un motor de conflicto dentro de la causa legal. Mientras tanto, el caso María Elena impulsó la creación de la denominada “Ley Malena” en diversas entidades de la República, un marco jurídico diseñado para sancionar severamente a quienes utilizan químicos para agredir a mujeres, garantizando además una cobertura médica integral para las sobrevivientes de estos atentados.
Impacto en la justicia estatal
La exigencia de que el juicio retorne a Oaxaca se presenta en un momento de alta sensibilidad social, ya que la víctima ha denunciado reiteradamente la existencia de bloqueos sistemáticos para acceder a una sentencia condenatoria. A pesar de que la agresión visibilizó la necesidad de reformas estructurales en el sistema penal mexicano, los abogados de Vera Carrizal insisten en que el Máximo Tribunal debe declinar la competencia en favor de las instancias regionales. El desenlace del caso María Elena marcará un precedente fundamental sobre la autonomía de los poderes locales frente a delitos de alto impacto, de esta forma, se espera que el ministro Hugo Aguilar evalúe las peticiones de la defensa en las próximas sesiones para determinar el rumbo definitivo de esta prolongada disputa jurídica.
