Rubén Rocha Moya solicita licencia como gobernador de Sinaloa para enfrentar un proceso de investigación por acusaciones de la Fiscalía de Nueva York.

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El panorama político de Sinaloa dio un giro drástico la noche de este viernes primero de mayo de 2026. El gobernador Rubén Rocha Moya presentó formalmente una solicitud de licencia temporal ante el Congreso del Estado. Esta decisión surge tras revelarse una acusación formal emitida por las autoridades judiciales de Estados Unidos. El mandatario estatal busca separarse del cargo para enfrentar los señalamientos que lo vinculan con investigaciones internacionales de alto perfil.

Detalles de la acusación y delitos imputados

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció una acusación contra el mandatario y otros nueve funcionarios sinaloenses. Según el documento oficial, los señalados presuntamente abusaron de sus posiciones de autoridad para facilitar operaciones de grupos delictivos locales. Específicamente, el proceso de investigación examina posibles delitos de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armamento pesado. Por estas acusaciones, los implicados podrían enfrentar penas que van desde los cuarenta años hasta la cadena perpetua.

Declaración oficial de Rubén Rocha Moya

Durante su mensaje, Rocha Moya enfatizó que mantiene su conciencia tranquila y que una vida de trabajo respalda sus palabras. Calificó las acusaciones vertidas en su contra como falsas y dolosas ante la opinión pública y su propia familia. Aseguró que demostrará su inocencia con firmeza en cuanto las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran formalmente. Por ello, decidió solicitar la licencia al cargo mientras dure el proceso de investigación para evitar cualquier conflicto de interés.

Intervención de la Fiscalía General de la República

La Fiscalía General de la República confirmó que ya recibió notificaciones por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dichos documentos contienen solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas directamente por el gobierno de Estados Unidos. En consecuencia, las autoridades federales mexicanas deberán analizar los procedimientos legales correspondientes para dar seguimiento a este requerimiento internacional. El caso ha generado una fuerte sacudida institucional en la estructura del gobierno estatal y las fuerzas del orden.

Futuro político ante el proceso de investigación

El Congreso del Estado deberá sesionar para formalizar la licencia y designar a quien ocupará el despacho de manera interina. Mientras tanto, la defensa legal del gobernador prepara las pruebas necesarias para responder a los cargos presentados en el extranjero. Es importante destacar que el proceso de investigación determinará el grado de responsabilidad de cada uno de los diez funcionarios mencionados. La ciudadanía sinaloense permanece a la expectativa de las resoluciones que tomen tanto los tribunales nacionales como las cortes estadounidenses.

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