Sheinbaum defiende soberanía de México ante la acusación contra Rubén Rocha Moya en EE. UU. Exige pruebas claras a la fiscalía neoyorquina.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura firme este 30 de abril respecto a los señalamientos internacionales recientes. Durante su conferencia matutina, la mandataria abordó la acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, emitida por una fiscalía en Nueva York. El documento estadounidense vincula al mandatario estatal y a otros funcionarios con actividades relacionadas al narcotráfico y conspiración. Ante este escenario, la jefa del Ejecutivo Federal priorizó el respeto a la jurisdicción mexicana y la integridad de las instituciones nacionales.

Postura presidencial sobre el caso de Rubén Rocha Moya

La mandataria enfatizó que su administración se rige por los principios de verdad, justicia y, sobre todo, la defensa de la soberanía. Sheinbaum Pardo aclaró que no encubrirán a ninguna persona que haya cometido un delito comprobable bajo las leyes del país. No obstante, advirtió que la Fiscalía General de la República debe recibir pruebas irrefutables para proceder legalmente contra los señalados. La presidenta sugirió que, de no existir evidencias claras, estas imputaciones podrían tener un trasfondo meramente político por parte del Departamento de Justicia.

Detalles de la red de corrupción en Sinaloa

La acusación contra Rubén Rocha Moya describe una estructura compleja que presuntamente involucra desde la gubernatura hasta cuerpos policiales municipales. Entre los nombres citados figuran el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el senador Enrique Inzunza, además de exjefes policiacos. Los fiscales federales de Estados Unidos sostienen que estos funcionarios facilitaron las operaciones de tráfico de drogas hacia el norte. El expediente detalla incluso una supuesta nómina mensual de sobornos distribuida entre diversos mandos de seguridad y justicia en la entidad sinaloense.

Vínculos electorales y seguridad nacional

El documento judicial traza el origen de estos nexos hasta la campaña electoral de junio de 2021, antes de la toma de posesión. Según las investigaciones extranjeras, se habrían pactado acuerdos con líderes del Cártel de Sinaloa para asegurar el triunfo en las urnas. La acusación contra Rubén Rocha Moya señala que sicarios habrían intervenido en el proceso mediante el robo de boletas y la intimidación. Por su parte, el gobierno federal de México reiteró que no permitirá la intromisión de gobiernos extranjeros en decisiones internas.

Implicaciones legales y penas máximas

Los diez acusados enfrentan cargos graves que incluyen la posesión de ametralladoras y conspiración para la importación de narcóticos a gran escala. En caso de ser procesados bajo la legislación estadounidense, los involucrados podrían alcanzar penas que van desde los 40 años hasta la cadena perpetua. Un caso particular es el de Juan Valenzuela Millán, señalado por el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA. Mientras tanto, México establece que cualquier proceso deberá ajustarse estrictamente a los convenios internacionales y a la soberanía del pueblo mexicano.

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