Investigaciones periodísticas exponen posibles casos de corrupción en la entrega de licencias de juego a empresas con vínculos en Tabasco
Ciudad de México. A pesar de las reiteradas promesas gubernamentales de restringir las licencias para casas de apuestas, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expuso que la administración de Andrés Manuel López Obrador finalizó con la concesión de 20 centros de juego. La Dirección General de Juegos y Sorteos, bajo la gestión de la Secretaría de Gobernación, otorgó estos permisos a la firma Compañía Operadora Clíe el pasado 1 de febrero de 2024. Esta determinación administrativa contradice las instrucciones presidenciales emitidas en marzo de 2023, donde se prohibía explícitamente la entrega de nuevos folios para este sector. En consecuencia, el sexenio concluyó con una apertura masiva de establecimientos que operarán legalmente durante los próximos 15 años bajo una red de nuevos casinos que ha generado intensos cuestionamientos.
Vínculos con Tabasco
El expediente detalla que el socio principal de la empresa beneficiada, Nabor Castrejón Bailón, mantiene nexos operativos con la familia de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco. De acuerdo con las indagatorias, la constitución de las sociedades vinculadas a este grupo fue validada por Adán Augusto López en su etapa como notario público, estableciendo una conexión política de alto nivel. Mientras tanto, se ha identificado que Humberto Bermúdez Requena participa en plataformas de apuestas en línea que comparten la estructura legal de los nuevos casinos autorizados recientemente. Por consiguiente, la red de influencias parece extenderse desde las notarías del sureste hasta las oficinas centrales de la administración pública federal, involucrando a colaboradores cercanos a la dirigencia del partido oficial.
Sanciones y seguridad
Por otro lado, la gravedad del caso escaló a nivel internacional tras la reciente intervención de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC) de los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro sancionó a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA) por sus presuntos vínculos financieros con grupos delictivos del noreste del país. De esta forma, se revela que los casos de corrupción podrían estar ligados al uso de estas licencias como mecanismos para el blanqueamiento de capitales de procedencia ilícita. Por lo tanto, el esquema de simulación permitido por las autoridades de gobernación ha facilitado que diversas marcas de prestigio operen bajo una misma sombrilla legal, evadiendo presuntamente la restricción de intransferibilidad que marca la ley vigente.
Opacidad en gobernación
La firma de estos permisos fue responsabilidad de Leonardo Manuel Figueroa Martínez, funcionario identificado como un operador directo en los cargos de confianza de la actual dirigencia de Morena. Asimismo, marcas reconocidas como Winpot, Epic Casino y Winland figuran dentro de este complejo entramado de operadoras físicas y plataformas digitales que utilizan los permisos otorgados al final del mandato. En consecuencia, el hallazgo de estos casos de corrupción pone en entredicho la coherencia del discurso de transparencia institucional frente a las acciones ejecutadas en la Secretaría de Gobernación. Así pues, el cierre de la administración federal queda marcado por la expansión de los nuevos casinos, dejando una estructura de negocios vigentes hasta el año 2039 que vincula a figuras políticas con redes señaladas por organismos internacionales.
