Madres Buscadoras cerraron la avenida Cobá por el caso de Brayan Campos. Denuncian pruebas fabricadas y exigen cambio de juez y fiscal en Cancún.
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Integrantes del colectivo Madres Buscadoras, encabezadas por la señora Reyna Hernández, realizaron una protesta pacífica frente a la Fiscalía General del Estado. Durante la movilización, las manifestantes cerraron la avenida Cobá para denunciar graves irregularidades en el proceso legal contra Brayan Campos Hernández. Por esta razón, exigen el cambio inmediato del juez y del fiscal asignados al caso, acusándolos de actuar con parcialidad y fabricar pruebas.
La situación jurídica de Brayan comenzó el 17 de julio de 2024, cuando fue detenido inicialmente por el delito de narcomenudeo. Aunque dicho caso fue desestimado en agosto de ese mismo año, la Fiscalía procedió a acusarlo de homicidio antes de su liberación. En consecuencia, el joven permanece recluido en el Centro de Readaptación Social hasta la fecha actual de abril de 2026. Según su madre, la nueva carpeta de investigación carece de sustento real y fue diseñada para mantenerlo bajo prisión preventiva.
Denuncian irregularidades en el caso de Brayan Campos
La abogada defensora, Ariadne Song Anguas, detalló que el proceso judicial está plagado de omisiones técnicas y violaciones a los derechos procesales. No obstante, el juez Mario Pérez Valdez ha aceptado sistemáticamente los argumentos de la parte acusadora sin permitir recursos a la defensa. La acusación principal se basa en el testimonio de un “testigo protegido” que fue añadido al expediente de forma tardía y sospechosa. Por consiguiente, el caso de Brayan Campos se mantiene estancado sin que existan evidencias materiales que lo vinculen directamente con el homicidio reportado.
Reyna Hernández recordó que su hijo sufrió un ataque violento dentro del penal en diciembre pasado, donde recibió siete puñaladas. En aquel momento, la autoridad le negó el acceso para verificar el estado de salud del interno, quien permaneció incomunicado por varios días. Por otro lado, la madre denunció que el fiscal de nombre “Roger” presiona constantemente al joven para que se declare culpable de los hechos. Ella sostiene firmemente la inocencia de su hijo y asegura que no detendrá sus movilizaciones hasta obtener una justicia verdadera y transparente.
Amenaza de cierre en el Puente Nichupté
Como medida de presión adicional, el colectivo de buscadoras amenazó con cerrar el Puente Nichupté durante su inauguración programada para el 3 de mayo. Esta advertencia surge ante la falta de respuestas claras por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia en el estado. Mientras tanto, las manifestantes portaron mantas y carteles exigiendo que cese la fabricación de culpables dentro del sistema judicial quintanarroense. La interrupción del tráfico en la avenida Cobá buscó llamar la atención ciudadana sobre las deficiencias del caso de Brayan Campos.
Después de varios minutos de tensión en la vía pública, personal de la Fiscalía General del Estado salió para atender a las inconformes. Tras establecer un diálogo inicial, el grupo decidió retirar el bloqueo y dar fin a la manifestación del día de hoy. Sin embargo, las Madres Buscadoras advirtieron que vigilarán de cerca los acuerdos pactados durante la reunión con los funcionarios ministeriales. La comunidad espera que se garantice el debido proceso y se respeten las garantías individuales del joven detenido injustamente según sus familiares.
Exigen imparcialidad judicial en Quintana Roo
La defensa jurídica de Brayan insiste en que no se ha permitido cuestionar al testigo clave, vulnerando el derecho a una defensa adecuada. Este tipo de prácticas, aseguran las activistas, socava la confianza de la sociedad en las instituciones de seguridad y justicia local. Por lo tanto, la solicitud de remoción del juez Pérez Valdez se fundamenta en su presunto actuar fundado en intereses ajenos al derecho. La familia de Brayan pide que se revisen las pruebas de descargo que han sido ignoradas voluntariamente durante las audiencias previas.
Finalmente, el colectivo reiteró su compromiso de apoyar a todas las familias que atraviesan situaciones de injusticia o desaparición en la región. El caso ha generado un eco importante entre las organizaciones de derechos humanos que monitorean la situación de las cárceles en Quintana Roo. Por último, la gobernanza y la paz social dependen de que los juicios se lleven a cabo con total transparencia y apego a la ley. La señora Reyna Hernández concluyó afirmando que la lucha por la libertad de su hijo apenas comienza.
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