Ximena Rojas Muñoz detalla cómo el cambio de adscripción a Cultura y las restricciones de Hacienda han generado una “bola de nieve” de déficit que paraliza la conservación del patrimonio
Por Agenda QR. La situación financiera del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no es producto de una coyuntura reciente, sino el resultado de una “bola de nieve” que se ha gestado durante las últimas dos décadas. En entrevista para Agenda QR, la maestra Ximena Rojas Muñoz, exsecretaria general del Sindicato Nacional de Restauradores, presentó un análisis profundo titulado “Crónica de una inanición anunciada”, donde detalla cómo la transición administrativa y los recortes sistemáticos han comprometido la capacidad del instituto para cumplir con su mandato constitucional.
Ximena Rojas explica el impacto estructural del cambio de adscripción ministerial
Uno de los puntos de inflexión más críticos en la crisis del INAH fue el traslado de su adscripción de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la Secretaría de Cultura. Rojas Muñoz señala que, mientras la SEP manejaba presupuestos superiores a los 300,000 millones de pesos, la Secretaría de Cultura nació con una capacidad financiera drásticamente menor, cercana a los 7,000 millones de pesos. Esta transición eliminó el “colchón” financiero que permitía al instituto subsanar déficits operativos mediante gestiones directas con el sector educativo.
Bajo la nueva estructura, el INAH se encontró ante un panorama de reglas fiscales “acríticas” impuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Estas normatividades, aunque diseñadas teóricamente para combatir la corrupción, han ignorado la naturaleza del trabajo de campo. La investigación, conservación y protección del patrimonio requieren movilidad constante, algo que se ve obstaculizado por limitaciones en el uso de vehículos, peajes y la reducción de días permitidos para comisiones externas.
El espejismo de los recursos para inversión pública
A pesar de que entre 2023 y 2024 se destinaron más de 3,000 millones de pesos al instituto, Ximena Rojas aclara que este recurso fue etiquetado exclusivamente para inversión pública relacionada con la obra del Tren Maya, específicamente para la compra de terrenos y mejoras en edificios periféricos. Para el ejercicio 2025, dicho presupuesto desapareció, dejando al descubierto el déficit estructural que afecta al Capítulo 1000 (servicios personales) y a los gastos de operación básica.
La especialista destaca que, aunque se lograron incrementos marginales tras diversas movilizaciones sindicales —pasando de una propuesta inicial a un aumento de 500 millones para el sector—, la cifra sigue siendo insuficiente. De ese incremento, una parte significativa se destinó a personal eventual, mientras que el personal permanente sigue enfrentando rezagos en regularizaciones ante Hacienda y recortes en áreas vitales como la seguridad social, una contradicción notable en una administración que se define bajo principios de bienestar.
Obstáculos normativos para la labor de campo
A sus casi 89 años de existencia, el INAH padece una parálisis operativa que trasciende lo económico para convertirse en un problema de gestión. El documento presentado por Rojas Muñoz subraya que la preservación de la historia no se realiza desde las oficinas; requiere de la presencia física de restauradores y arqueólogos en los sitios. Las medidas de austeridad han provocado una reducción en insumos básicos como combustible y viáticos, lo que imposibilita la vigilancia efectiva de las zonas arqueológicas.
La falta de regularización de plazas y los movimientos escalafonarios congelados han creado una estructura administrativa densa que no siempre responde a las necesidades técnicas del campo. El acceso a la cultura, reconocido como un derecho humano y constitucional, se ve amenazado cuando la institución encargada de resguardar la memoria histórica de México carece de lo mínimo indispensable para su funcionamiento diario en sitios vivos y materiales.
