El respeto al artículo 10 de la ley es obligatorio, de lo contrario Profeco multará con millones y aplicará clausuras inmediatas
Ciudad de México. La Procuraduría Federal del Consumidor ha endurecido su postura frente a las prácticas comerciales abusivas en el sector de servicios, advirtiendo que la imposición de gratificaciones económicas en el total de la cuenta es ilegal. Para este 2026, la dependencia federal intensificó la vigilancia para garantizar el cumplimiento del artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual prohíbe explícitamente el uso de métodos coercitivos o condiciones impuestas en el suministro de productos. De esta forma, los establecimientos comerciales que ignoren la naturaleza voluntaria de este pago se exponen a severas repercusiones administrativas; por consiguiente, Profeco multará con millones a aquellos negocios que vulneren la libertad de elección de los usuarios al momento de liquidar sus consumos en restaurantes, bares o cafeterías.
Sanciones económicas y clausuras
El marco jurídico actual establece un sistema de penalizaciones que escala de acuerdo con la capacidad financiera del infractor y la gravedad de la falta cometida contra el público. Según lo estipulado en los artículos 127 y 128 de la legislación vigente, las sanciones monetarias por exigir una cuota de servicio obligatoria pueden iniciar en los 311 pesos y elevarse hasta los 3 millones de pesos. Sin embargo, en escenarios donde se compruebe la reincidencia o una afectación colectiva de gran magnitud, la autoridad tiene la facultad de duplicar el monto de la sanción, superando incluso los 6 millones de pesos. Asimismo, la dependencia está autorizada para proceder con la clausura temporal del local y la colocación de sellos de suspensión; mientras tanto, se busca que los proveedores comprendan que Profeco multará con millones si persisten en retener clientes o condicionar la atención al pago de porcentajes sugeridos.
Derechos del consumidor y denuncias
Resulta fundamental recordar que no existe un porcentaje mínimo legal, pues aunque socialmente se acostumbra otorgar entre el 10% y el 15%, la decisión final recae exclusivamente en el criterio del cliente. Los consumidores tienen el derecho inalienable de solicitar la corrección inmediata de su ticket si detectan cargos automáticos bajo conceptos de “servicio” o “propina” sin su consentimiento previo; por lo tanto, el diálogo directo con la administración del lugar es el primer paso ante una irregularidad. En caso de que el establecimiento se niegue a rectificar el cobro, la institución exhorta a la ciudadanía a formalizar sus quejas a través del correo electrónico oficial o la Línea del Consumidor. De esta manera, el monitoreo constante permite que la autoridad actúe con rigor y, bajo este esquema, Profeco multará con millones a quienes no respeten la transparencia en los precios exhibidos.
Mecanismos de protección ciudadana
La vigilancia se extiende a las plataformas digitales, donde las redes sociales de la Procuraduría sirven como canal receptor para identificar negocios que operan fuera del marco legal establecido en México. Es imperativo que los usuarios proporcionen el nombre exacto y la ubicación geográfica del comercio afectado para que las brigadas de inspección puedan realizar las visitas de verificación correspondientes. Mientras tanto, la educación sobre los derechos básicos del consumidor se vuelve la herramienta más eficaz para erradicar estas prácticas desleales en el mercado nacional; así como la denuncia es vital para que el sistema de justicia administrativa funcione. Al final, el mensaje institucional es claro respecto a que Profeco multará con millones para erradicar cualquier cobro arbitrario que atente contra la economía familiar y la libre determinación de las y los mexicanos.
