El presupuesto de los congresos estatales será limitado estrictamente para priorizar el gasto en programas sociales y obras en el Plan B electoral
Ciudad de México. El pleno de la Cámara de Diputados ha dado un paso decisivo en la reconfiguración del sistema administrativo local tras aprobar, en lo general, el proyecto de reforma conocido como Plan B electoral. Con una mayoría de 377 votos aportados por los bloques de Morena, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, el dictamen busca establecer límites estrictos al gasto público en los niveles municipales y estatales. Esta iniciativa legislativa contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, enfocándose primordialmente en la eliminación de privilegios financieros dentro de las estructuras burocráticas; por lo tanto, se pretende que los recursos públicos se administren bajo criterios de austeridad republicana. A pesar de contar con 102 votos en contra provenientes del PAN y el PRI, la propuesta ha logrado avanzar hacia su discusión detallada en el recinto legislativo.
Límites al presupuesto
Durante la sesión, el diputado Leonel Godoy defendió la postura oficialista al señalar que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum responde a una demanda social de terminar con los excesos en los cabildos y legislaturas regionales. De esta forma, el dictamen estipula que las constituciones de cada estado deberán garantizar que el presupuesto anual de sus respectivos congresos no sobrepase el 0.70% del gasto total de la entidad. Asimismo, la reforma impone un tope máximo de 15 regidurías por ayuntamiento, buscando compactar las estructuras de gobierno para hacerlas más eficientes y menos costosas para el erario. Este plazo para ajustar las normativas locales representa un desafío administrativo; sin embargo, el permiso del pleno para avanzar con estas medidas marca un precedente en la fiscalización del gasto territorial.
Sueldos y prestaciones
Un punto medular del proyecto aprobado se centra en las remuneraciones de las autoridades electorales, tanto a nivel federal como en los organismos locales. El dictamen dispone que ningún consejero o magistrado podrá percibir un salario superior al del titular del Ejecutivo Federal, prohibiendo además la contratación de seguros médicos privados o regímenes especiales de retiro. De esta manera, se busca homologar las compensaciones de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral con los tabuladores de la administración pública centralizada; por consiguiente, se eliminan beneficios que no estén estrictamente contemplados en la ley vigente. Mientras tanto, el Senado de la República también deberá sujetarse a una reducción progresiva de su presupuesto durante los próximos cuatro años, con la meta de alcanzar un ahorro real del 15% al final de dicho periodo.
Debate parlamentario intenso
La jornada legislativa no estuvo exenta de confrontaciones verbales entre los diversos bloques políticos, reflejando la polarización que suscita la reforma. Mientras el oficialismo cuestionaba la resistencia de la oposición a los criterios de austeridad, legisladores como Germán Martínez Cázares respondieron con críticas severas hacia la gestión de la mayoría parlamentaria. De esta forma, el debate pasó de los aspectos técnicos a los señalamientos políticos directos, evidenciando las profundas diferencias en la visión de Estado de cada bancada. Tras esta aprobación general, los diputados iniciarán el análisis de las reservas particulares, donde se definirán los detalles técnicos de la implementación; por lo tanto, el plazo para la entrada en vigor dependerá de la celeridad de estas discusiones. El permiso constitucional para estas modificaciones será el eje de la próxima batalla jurídica en los tribunales especializados.
