Diversas ONG critican cifras oficiales al considerar que el nuevo censo de desaparecidos carece de una metodología transparente
Ciudad de México. A ocho años de la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición, México enfrenta una crisis de confiabilidad en sus estadísticas oficiales que ha movilizado a diversas organizaciones civiles. Este viernes, la ONG Causa en Común y el colectivo Fundar señalaron que la reciente “depuración” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) responde más a una estrategia de discurso político que a una búsqueda de justicia. Según el reporte gubernamental, de un total de 130,178 registros, solo el 33% se consideran desapariciones verificadas; por consiguiente, las ONG critican cifras al considerar que el desglose administrativo invisibiliza a miles de víctimas bajo criterios de reclasificación que tildan de absurdos.
Inconsistencias en el registro nacional
El análisis de la información oficial revela que 46,742 casos son catalogados como incompletos por falta de datos suficientes, mientras que en otros 40,308 registros se detectó supuesta actividad administrativa posterior a la desaparición. Las organizaciones advierten que el RNPDNO carece de mecanismos de verificación independientes y de reglas claras para homologar procedimientos entre las entidades. Además, denuncian que se pretende excluir del conteo a personas que no cuentan con registros administrativos robustos; de esta forma, las ONG critican cifras oficiales porque condicionar la existencia de un desaparecido a la solvencia de su expediente burocrático constituye una omisión grave de responsabilidad estatal.
Debilidad institucional y falta de justicia
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó la obligatoriedad de abrir carpetas de investigación para cada reporte. No obstante, los colectivos recordaron que esta obligación legal existe desde 2017 y que suppeditar el registro a fiscalías actualmente colapsadas solo fomenta el subregistro. Por otro lado, preocupa la narrativa oficial que niega la existencia de desapariciones forzadas, atribuyendo el fenómeno exclusivamente a grupos criminales. Mientras tanto, las ONG critican cifras y exigen un fortalecimiento real de las instituciones forenses y de búsqueda en campo para ofrecer respuestas concretas a las familias que siguen en la incertidumbre.
Exclusión de colectivos y diálogo técnico
La falta de acceso a las bases de datos completas impide que especialistas independientes validen la veracidad de los ajustes estadísticos presentados este 27 de marzo de 2026. Fundar y otras organizaciones que acompañan a familias buscadoras lamentaron que se les excluya del diálogo técnico necesario para perfeccionar las metodologías de identificación. Para los activistas, reducir la tragedia humanitaria a una gestión de archivos ministeriales es una decisión que minimiza la magnitud del problema; así pues, las ONG critican cifras presentadas por el gobierno federal, demandando que la administración se enfoque en descubrir la verdad y acercar la justicia en lugar de realizar “malabares numéricos”.
