El Acuerdo 156/2026 de la CNBV paraliza el sistema financiero de 14 implicados señalados por las autoridades de Estados Unidos como operadores de una red de protección a favor de Los Chapitos.
Por Agenda QR. De acuerdo a una investigación de EmeEquis realizada por Jorge García Orozco, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó este 6 de mayo de 2026 una de las medidas administrativas más contundentes contra una administración estatal en funciones. A través del Acuerdo 156/2026, notificado formalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el organismo ordenó el bloqueo inmediato de las cuentas pertenecientes al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La medida se extiende a sus cuatro hijos, al senador Enrique Inzunza Cázarez y a una estructura de altos mandos policiales y funcionarios que enfrentan acusaciones federales en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza: Una red de protección institucional bajo la lupa federal
El bloqueo financiero, consultable en el Portal SITI PLD/FT de la CNBV, ocurre tras la presión ejercida por fiscales de una Corte de Nueva York. Las investigaciones estadounidenses describen una presunta red de protección política y policial que habría facilitado las operaciones de la facción conocida como “Los Chapitos”. Según el expediente, la estructura gubernamental de Sinaloa habría servido para encubrir actividades ilícitas y filtrar información operativa sensible a cambio de impunidad y financiamiento político.
Entre los perfiles financieros inhabilitados destacan Enrique Inzunza Cázarez, señalado como enlace directo con la organización criminal, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, acusado de coordinar logística criminal. La medida impone a las instituciones bancarias la suspensión total de cualquier operación y les otorga un plazo de 10 días hábiles para reportar el congelamiento de activos, cerrando el paso al flujo de recursos de los implicados dentro del sistema financiero mexicano.
Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza: Colapso en los mandos de seguridad y procuración de justicia
La notificación de la UIF revela una infiltración profunda en los cuerpos de seguridad del estado. Figuran en la lista el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y mandos de la Policía de Investigación como Marco Antonio Almanza Avilés. Las acusaciones detallan sobornos mensuales de hasta 16,000 USD a jefes policiales para permitir la libre operación de grupos delictivos. Asimismo, se señala al Vicefiscal General, Dámaso Castro Zaavedra, por presuntamente alertar sobre operativos en laboratorios de drogas a cambio de pagos sistemáticos.
El alcance del bloqueo también impacta el ámbito municipal con la inclusión de Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán. En el sector familiar, los hijos del mandatario —Rubén, Ricardo, Eneyda y José de Jesús Rocha Ruiz— han quedado marginados del sistema bancario nacional. Esta acción financiera precede a las solicitudes de extradición emitidas por el gobierno norteamericano, un proceso que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha condicionado al cumplimiento estricto de los tratados internacionales y a la presentación de pruebas sólidas.
El futuro legal ante la presión de Estados Unidos
Mientras la UIF paraliza los recursos de la red sinaloense, la tensión bilateral se intensifica. La administración federal ha sostenido una postura de cautela respecto a las órdenes de detención, privilegiando los mecanismos de cooperación bilateral. Sin embargo, el congelamiento de cuentas sugiere que el Gobierno de México reconoce la gravedad de los hallazgos presentados en Nueva York. Las investigaciones continúan en ambos lados de la frontera para determinar el uso de constructoras vinculadas a los familiares de Rocha Moya en operaciones de lavado de dinero con empresas fachada.
El caso representa un desafío institucional sin precedentes, donde la cúpula del poder en Sinaloa queda despojada de su capacidad financiera mientras espera una resolución judicial. La exigencia de “pruebas primero” por parte del Ejecutivo federal frena momentáneamente la extradición, pero no impide que la autoridad hacendaria actúe contra la estructura económica que, según los fiscales estadounidenses, permitió al cártel operar bajo el cobijo del Estado.
