Un juez ordena captura del exmandatario estatal tras analizar las pruebas de la Fiscalía sobre la masacre de 2017
Michoacán. Un juez de Control otorgó este viernes a la Fiscalía General del Estado de Michoacán un total de 16 órdenes de aprehensión dirigidas contra diversos exfuncionarios de la administración pública estatal. Esta determinación judicial surge a raíz de las investigaciones sobre el asesinato de cuatro pobladores en la comunidad de Arantepacua, perteneciente al municipio de Nahuatzen. Los hechos, que también resultaron en lesiones para una decena de personas adicionales a manos de la policía estatal, han derivado en acciones legales contundentes; por consiguiente, el juez ordena captura de quienes encabezaban las instituciones de seguridad y gobierno durante el periodo en que ocurrió la denominada masacre.
Imputaciones por delitos graves
Entre los mandamientos judiciales destaca de manera primordial una orden de aprehensión emitida en contra del exgobernador Silvano Aureoles Conejo y de quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez. A ambos exservidores se les vincula con los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, cometidos presuntamente durante el operativo policial del 5 de abril de 2017. La autoridad ministerial presentó elementos probatorios que el juzgador consideró suficientes para proceder penalmente; de esta forma, el juez ordena captura de los mandos políticos que supervisaron las acciones de fuerza en la localidad indígena michoacana.
Policías estatales bajo proceso
La resolución judicial no se limita a los altos mandos, pues el magistrado también concedió 14 órdenes de aprehensión adicionales contra elementos de la policía estatal que tuvieron una participación directa en los eventos de Arantepacua. Estas imputaciones mantienen la misma clasificación de delitos graves, buscando esclarecer la cadena de mando y la ejecución material de la violencia ejercida hace casi nueve años. Mientras tanto, la Fiscalía estatal se prepara para cumplimentar los arrestos correspondientes y presentar a los señalados ante la justicia; así pues, el juez ordena captura como una medida necesaria para garantizar que los abusos de autoridad no queden en la impunidad.
