Colectivos ambientales exigen justicia por la falla de contención de hidrocarburos en el Golfo que afecta al Sureste
Un colectivo integrado por 36 organizaciones civiles, entre las que destacan Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, denunció que las autoridades federales tenían conocimiento del vertido de crudo en el Sureste desde principios de febrero. A través de un análisis detallado de imágenes satelitales, los activistas demostraron que el incidente comenzó cerca de la plataforma Abkatún, en Campeche, donde se detectó una embarcación realizando descargas entre el 6 y el 10 de febrero. A pesar de que la mancha alcanzó una extensión de 50 kilómetros cuadrados —superando mil veces la superficie del Zócalo de la Ciudad de México—, el Gobierno Federal omitió emitir alertas oportunas, lo que impidió que las comunidades costeras de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas tomaran medidas preventivas ante la inminente llegada del contaminante.
Falla en protocolos de contingencia
La gestión de este desastre ecológico ha sido severamente cuestionada por ignorar los lineamientos del Plan Nacional de Contingencia (PNC) vigente desde el año 2023, el cual obliga a la notificación inmediata de cualquier siniestro en zonas marinas. Según las organizaciones firmantes, el 13 de febrero ya se observaban al menos cinco embarcaciones realizando maniobras de contención, lo que confirma que la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) estaban al tanto de la magnitud del problema. Sin embargo, la falta de transparencia y la ausencia de un Oficial de Información Pública derivaron en una falla de contención de hidrocarburos, permitiendo que el crudo se dispersara sin control debido a las corrientes marinas y las condiciones meteorológicas predominantes en la región.
Exigencia de responsabilidad ambiental
Ante la gravedad del impacto, que ya se extiende por más de 650 kilómetros de litoral, los colectivos exigen que las autoridades identifiquen públicamente a la empresa responsable bajo el principio legal de que “el que contamina, paga”. La denuncia subraya que no se activó el Nivel 3 de respuesta, a pesar de que el derrame de hidrocarburo detectado representaba un riesgo significativo para la biodiversidad y las actividades económicas de los pescadores locales. Por consiguiente, resulta imperativo que la Semar explique por qué no se publicaron los Mapas de Sensibilidad ni el Análisis de Beneficio Ambiental Neto (ABAN), instrumentos técnicos obligatorios para coordinar una respuesta eficaz ante una falla de contención de hidrocarburos de esta escala en el Golfo de México.
Riesgos de la actividad petrolera
Este evento se suma a una serie de accidentes que evidencian los peligros inherentes a la extracción de combustibles fósiles en aguas profundas, acelerando además los efectos negativos del cambio climático en las zonas más vulnerables del país. Las organizaciones insisten en que la opacidad oficial solo agrava el daño, pues el derrame de hidrocarburo detectado continuó activo y dispersándose al menos hasta el 17 de febrero sin un reporte de resultados por parte del Consejo Técnico del PNC. De esta forma, la sociedad civil demanda una transición energética justa que reduzca la dependencia del petróleo y evite la repetición de una falla de contención de hidrocarburos. Aseguran que el derrame de hidrocarburo detectado se castigue conforme a las leyes administrativas, civiles y penales vigentes en México para proteger el patrimonio natural.
