Exfuncionarios de la Fiscalía piden amparo por negligencia en el caso Francisca Mariner. Madres Buscadoras exigen justicia ante omisiones.

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Dos exfuncionarios de la Fiscalía General del Estado solicitaron el amparo de la justicia federal para frenar los procesos penales en su contra. Estos señalamientos derivan de la presunta omisión y mal manejo en la búsqueda de la joven desaparecida en Cancún durante el año 2020. María Patrón Pat, madre de la víctima y líder del colectivo Madres Buscadoras, denunció que las autoridades le impidieron el acceso a las audiencias constitucionales. El cuerpo de la menor permaneció en el Servicio Médico Forense por más de cuatro años sin recibir una identificación adecuada por parte de los peritos.

Irregularidades detectadas en el caso Francisca Mariner

La defensa de los procesados Maribel “M.” y José Fernando busca invalidar las acciones judiciales mediante estos recursos federales de protección. Maribel fungía como agente del Ministerio Público y presuntamente ignoró los protocolos de búsqueda inmediata tras la denuncia de desaparición. Por su parte, el fiscal de homicidios José Fernando mantuvo el expediente del cuerpo hallado sin realizar el cotejo necesario para su pronta entrega. Estas acciones negligentes prolongaron el sufrimiento de la familia, quienes mantuvieron una búsqueda incansable mientras los restos descansaban en instalaciones oficiales.

Actualmente, la activista María Patrón ignora si el juez otorgó alguna suspensión provisional que detenga las investigaciones de carácter penal. Ella criticó duramente que los exfuncionarios aleguen violaciones a sus derechos humanos para retrasar la aplicación de la justicia legítima. Según sus declaraciones, los protocolos de identificación de muestras de ADN fueron ignorados sistemáticamente por el personal encargado de la custodia. De esta manera, el sistema de justicia falló doblemente al no buscar a la menor y al no identificar sus restos de forma oportuna.

Procesos contra implicados en el caso Francisca Mariner

Hasta el momento, cuatro exservidores públicos permanecen vinculados a proceso bajo medidas cautelares que les permiten seguir el juicio en libertad. Rosa María “H.”, quien dirigía la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, ya recibió una negativa ante su solicitud previa de amparo federal. Asimismo, el químico Leonardo “R.” enfrentará su audiencia el próximo 7 de abril por etiquetar incorrectamente las pruebas genéticas de la familia. Estas fallas técnicas en los laboratorios periciales resultaron determinantes para que el cuerpo de Francisca permaneciera en calidad de desconocido durante años.

La agrupación de Madres Buscadoras de Quintana Roo exige que los jueces federales actúen con perspectiva de género y prioricen a las víctimas directas. María Patrón rebatió los argumentos del fiscal de homicidios, quien pretendía culpar a la madre por no acudir personalmente a su área técnica. Ella sostiene que la obligación de informar y coordinar los hallazgos recae exclusivamente en la autoridad ministerial y no en los familiares. La falta de sensibilidad y profesionalismo de los implicados demuestra una crisis estructural dentro de las instituciones de procuración de justicia estatales.

Nuevas investigaciones contra altos mandos de la Fiscalía

El colectivo mantiene abiertas carpetas de investigación adicionales contra figuras de alto nivel que dirigieron la Fiscalía durante ese periodo crítico. Entre los señalados se encuentran el ex fiscal general Óscar Montes de Oca y el ex vicefiscal Carlos Maya por omisiones administrativas. Las madres buscadoras esperan que la autoridad ministerial presente estos casos ante un juez para que respondan por la cadena de negligencias. La lucha por la verdad continúa firme a pesar de los obstáculos legales que interponen los exfuncionarios para evadir su responsabilidad institucional.

Finalmente, el tribunal federal estableció un plazo de tres meses para emitir una resolución definitiva sobre los amparos solicitados este día. Las familias de las víctimas permanecerán vigilantes de los estrados judiciales para conocer el rumbo de estos procedimientos contra la impunidad. Cada recurso legal interpuesto por los acusados representa un nuevo retraso en el cierre del duelo para los parientes de Francisca Mariner. El estado de Quintana Roo enfrenta el reto de demostrar que las fallas periciales y administrativas tendrán consecuencias reales para los responsables.

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