El presidente Eduardo Galaviz Ibarra cuestionó la legalidad de los convenios que transfieren facultades municipales al estado en materia de transporte
Cancún, QR. El actual panorama legislativo en la entidad se enfrenta a posibles desafíos jurídicos ante instancias federales debido a la naturaleza de las recientes reformas aprobadas en el Congreso local. El presidente Eduardo Galaviz Ibarra, titular del Observatorio Legislativo, advirtió sobre la alta probabilidad de que la Ley de Movilidad sea impugnada. Según el especialista, la transferencia de facultades al Gobierno del Estado para gestionar el transporte público representa una invasión de las esferas municipales, vulnerando la autonomía de los ayuntamientos. De esta forma, el empresario señaló que, aunque se utilicen convenios para justificar estas acciones, existe una presión política que obliga a los municipios a ceder sus competencias, tal como ocurrió anteriormente con la recaudación del impuesto predial; asimismo, criticó que el Imoveqroo obtenga potestad para realizar contratos con empresas privadas sin que los gobiernos locales tengan poder de decisión real sobre estos acuerdos.
Riesgos financieros y centralización
La preocupación del organismo ciudadano radica en que estos convenios de movilidad podrían resultar lesivos para las finanzas de las futuras administraciones municipales, limitando su capacidad de maniobra durante décadas; de esta forma, el presidente Eduardo Galaviz comparó la situación con modelos implementados en estados vecinos como Yucatán. Para el Observatorio, el argumento de la deficiencia en el servicio de transporte es válido, pero no justifica que el estado despoje a los municipios de sus atribuciones constitucionales. Por lo tanto, se prevé que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) analice el decreto e interponga una controversia constitucional, una medida que ya ha invalidado aproximadamente 11 decretos previos del Congreso del Estado por vicios de inconstitucionalidad; mientras tanto, se lamentó la falta de una oposición política real en Quintana Roo que sirva de contrapeso a estas iniciativas centralistas.
Debate sobre la ‘Ley Censura’
Otro punto de fricción en la agenda legislativa es la propuesta del Partido Verde enfocada en la protección de la imagen personal y la voz, la cual la calificaron como un riesgo para el ejercicio periodístico. Por consiguiente, el presidente Eduardo Galaviz consideró que, aunque la intención de combatir el mal uso de la inteligencia artificial es legítima, la redacción de la ley es ambigua. El experto advirtió que exigir un consentimiento expreso para la reproducción de cualquier imagen podría dificultar severamente la labor de los medios de comunicación y la libertad de expresión en el estado. De esta manera, se anticipa que la difusión de contenidos informativos, videos o audios se vería obstaculizada por trámites burocráticos que atentan contra la inmediatez de la noticia. Por lo tanto, esta iniciativa también se perfila como una candidata sólida para ser controvertida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Falta de contrapesos políticos
Finalmente, el análisis del Observatorio Legislativo destaca la ausencia de debate interno en el recinto parlamentario, lo cual facilita la aprobación expedita de reformas sin un escrutinio profundo de sus consecuencias legales a largo plazo; de igual manera, el presidente Eduardo Galaviz señaló que incluso dirigentes de partidos de oposición han votado a favor de estas medidas.
Esta uniformidad en el voto sugiere que el control político sobre el Congreso es casi total, dejando a los ciudadanos y a organismos como la CNDH como los últimos recursos para vigilar la legalidad de los actos legislativos. Por consiguiente, la resolución de estos conflictos legales definirá el futuro de la autonomía municipal y la transparencia informativa en Quintana Roo; finalmente, se espera que las controversias constitucionales pongan a prueba la validez de estos decretos en los próximos meses. Por último, la sociedad civil organizada se mantiene en alerta ante cualquier intento de vulnerar los derechos de libertad de expresión bajo pretextos tecnológicos.
