Fiscalía ofrece 150 mil pesos por la captura del presunto abusador Carlos Atanasio en Playa del Carmen. Un juez lo liberó y ahora está prófugo.
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La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda urgente para localizar a Carlos Atanasio Jonguitud García. Las autoridades estatales ofrecen una recompensa de 150 mil pesos a quien proporcione datos fidedignos para su detención inmediata. Este sujeto enfrenta acusaciones por el delito de abuso sexual cometido contra su propio hijo de tres años de edad. Debido a que el señalado se encuentra prófugo, la institución busca el apoyo de la ciudadanía para ejecutar la captura del presunto abusador.
Los hechos ocurrieron originalmente en abril del año pasado dentro del fraccionamiento La Joya, ubicado en Playa del Carmen. Tras la denuncia interpuesta por la madre, Giorgia De Grosso, la Fiscalía presentó pruebas periciales y psicológicas contundentes. No obstante, el juez Fernando León Chávez decidió desestimar las evidencias y otorgó la libertad al acusado en una primera instancia. Por esta razón, diversos colectivos feministas han criticado duramente el criterio judicial aplicado en este caso de violencia infantil.
Irregularidades judiciales y el amparo desechado
La madre del menor gestionó el traslado del caso a una segunda instancia para buscar justicia real. En diciembre pasado, un nuevo juez determinó la vinculación a proceso y ordenó la prisión preventiva justificada del acusado. Sin embargo, Carlos Atanasio no se presentó a la audiencia y utilizó un recurso de amparo para evadir a la justicia. Aunque el amparo ya fue desechado legalmente, el tiempo transcurrido permitió que el sujeto escapara de la vigilancia de las autoridades locales.
Asimismo, la abogada Ariadne Song Anguas denunció que el primer juez ignoró la limitada capacidad de lenguaje del infante. El juzgador alegó que el niño no detalló los abusos, sin considerar que solo tiene tres años de edad. El menor refirió que su padre lo obligaba a participar en un “juego” que le provocaba dolor físico constante. Resulta alarmante señalar que este es el mismo juez que liberó a policías implicados en el feminicidio de Victoria Salazar. Por consiguiente, la desconfianza en el sistema judicial ha crecido entre los familiares de la víctima.
Posturas encontradas y la captura del presunto abusador
Por otro lado, la ex esposa del acusado ha defendido públicamente su inocencia a través de diversas redes sociales. Ella sostiene que Carlos nunca estuvo a solas con el menor durante los momentos señalados en la denuncia inicial. Según su versión, la acusación deriva de un conflicto legal por la custodia del niño y no de hechos reales. Además, justificó la huida del imputado argumentando que la prisión preventiva en México no siempre garantiza un juicio justo o equitativo.
Contrario a esto, Giorgia Del Grosso exhorta a la población a difundir la ficha de búsqueda para lograr la captura del presunto abusador. Ella señala que el sujeto trabajaba como entrenador personal en gimnasios reconocidos de la zona de Playa del Carmen. Debido al riesgo que representa, la madre ha tenido que vivir oculta ante el temor de posibles represalias violentas. Por añadidura, las organizaciones civiles exigen que se investigue el patrimonio del prófugo para detectar posibles redes de apoyo económico.
Medidas de protección y búsqueda activa
La Fiscalía General del Estado mantiene activos los protocolos de colaboración con otras entidades para evitar que el sujeto abandone la entidad. Los ciudadanos que tengan información pueden comunicarse a las líneas de emergencia de forma totalmente anónima y segura. De igual forma, se ha solicitado a los propietarios de gimnasios locales reportar cualquier avistamiento del sospechoso en sus instalaciones. La prioridad de las autoridades es garantizar la seguridad del menor y dar cumplimiento a la orden de aprehensión vigente.
Finalmente, el caso ha puesto bajo la lupa la actuación de los jueces de control en delitos contra la libertad sexual. La sociedad civil demanda que se aplique la perspectiva de infancia en cada etapa del proceso penal correspondiente. En conclusión, la justicia para el pequeño de tres años depende hoy de la eficacia en la localización de su presunto agresor. El esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad será determinante para cerrar este doloroso capítulo de impunidad en Quintana Roo.
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