Personal de resguardo colocó sellos de suspensión luego de que clausuran salón de belleza en las instalaciones del Senado
Ciudad de México. En un hecho que ha generado controversia en el Poder Legislativo, personal de resguardo del Senado de la República procedió este miércoles a la inhabilitación de un espacio estético que operaba de manera irregular. La medida se tomó luego de que se difundiera la existencia de este establecimiento, por lo que clausuran salón de belleza ubicado discretamente en el segundo piso de la torre del Hemiciclo, donde se ofrecían servicios de peluquería y maquillaje a personal y legisladores.
Operación discreta y servicios exclusivos
El establecimiento funcionaba en una oficina sin rotulación ni número oficial, manteniendo un perfil bajo para evitar la detección pública. Según investigaciones periodísticas, el local abría sus puertas de 7:00 a 14:00 horas, coincidiendo exclusivamente con los días de sesión plenaria. En su interior, el área contaba con equipo profesional, incluyendo sillones de estética, lavabos para el cabello y estaciones de maquillaje, todo bajo la gestión de una estilista que filtraba el ingreso de los clientes consultando su área de adscripción.
La situación escaló cuando se documentó la presencia de representantes populares haciendo uso de las instalaciones. Durante la jornada, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue captada mientras se realizaba un procedimiento de coloración. Al ser cuestionada sobre la legitimidad del sitio, la legisladora reaccionó con molestia, argumentando que el lugar tenía al menos un año en funciones, aunque no aclaró la procedencia de los recursos para su mantenimiento; en consecuencia, la presión mediática derivó en que clausuran salón de belleza mediante la colocación de sellos oficiales.
Falta de transparencia en el recinto
Fidel Ortiz Barragán, responsable de la seguridad interna del Senado, encabezó el operativo de clausura simbólica tras el revuelo causado en redes sociales y medios de comunicación. A pesar del cierre, la Cámara Alta no ha emitido un pronunciamiento que aclare quién autorizó el uso de este espacio público para fines privados ni bajo qué esquema de financiamiento operaba. Este vacío de información ha abierto un debate sobre el control de los bienes inmuebles dentro del Congreso de la Unión.
Por lo tanto, la permanencia de un negocio de esta naturaleza en una oficina gubernamental plantea interrogantes sobre la vigilancia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Mientras las puertas del salón permanecen selladas, diversos sectores de la sociedad civil exigen una auditoría interna para determinar si hubo desvío de recursos públicos en el equipamiento del lugar. En última instancia, el hecho de que clausuran salón de belleza en el corazón del legislativo subraya la necesidad de mayor transparencia en la gestión de los espacios comunes de la Federación.
