El Máximo Tribunal anuncia que devolverá las nueve unidades adquiridas o las asignará a juzgadores en situación de riesgo ante la presión política y social.

Por Agenda QR.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un giro significativo en su política de adquisiciones tras la controversia generada por la compra de nueve camionetas de lujo destinadas a sus integrantes. En un comunicado oficial, el Máximo Tribunal del país informó que las ministras y ministros han decidido no utilizar los vehículos y proceder con su devolución. Esta medida busca mitigar el impacto de una polémica que cuestionaba la coherencia de la institución con los principios de eficiencia en el gasto público.

Destino de las camionetas y seguridad institucional

La resolución de la Corte contempla dos escenarios principales para los vehículos, cuya compra fue originalmente justificada como una medida para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección para la integridad personal de los ministros. En primera instancia, se buscará la devolución formal a la empresa proveedora. No obstante, en caso de que las cláusulas contractuales impidan el retorno, la SCJN especificó que las unidades quedarán en manos de “personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos”.

Este anuncio se produce en un contexto de alta sensibilidad política respecto al uso de los recursos públicos. La Corte ha convocado a una conferencia de prensa en sus instalaciones el lunes 26 de enero a las 8:30 horas, donde se espera que se profundice en la normativa aplicable que regirá este proceso de reasignación o devolución.

Divisiones políticas y posturas encontradas sobre la compra de camionetas

El suceso ha provocado una inusual división de opiniones dentro del bloque oficialista. Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó inicialmente la compra de las camionetas Jeep Cherokee, con valores que oscilan entre 1.07 y 1.77 millones de pesos. La mandataria argumentó que la adquisición pretendía sustituir un contrato de arrendamiento previo, lo que proyectaba un ahorro estimado de mil millones de pesos a largo plazo. En esta misma línea, el senador Gerardo Fernández Noroña defendió la compra calificándola como una “herramienta de trabajo” esencial para la movilidad segura de los altos funcionarios.

Sin embargo, voces críticas dentro de la misma coalición, como la del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señalaron que este tipo de gastos contradicen los principios de la Cuarta Transformación. Esta disparidad de criterios subraya la tensión existente entre las necesidades logísticas de seguridad del Poder Judicial y el discurso de austeridad republicana que predomina en la agenda pública actual.

Futuro de la logística y transporte ministerial

La cancelación del uso de estas camionetas abre una interrogante sobre el esquema de transporte que adoptará el tribunal en el futuro inmediato. Hasta el momento, se desconoce si el contrato de arrendamiento que se pretendía sustituir continuará vigente o si se buscarán alternativas de movilidad que cumplan con los estándares de seguridad sin comprometer la percepción pública del organismo. “Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo”, expresó la institución a través de sus canales digitales, en un intento por reafirmar su legitimidad frente a la ciudadanía.