Tras una votación unánime, autoridades judiciales avalan la extinción de fideicomisos federales destinados originalmente a cultura y ciencia
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la constitucionalidad del decreto emitido en 2020 para la desaparición de más de un centenar de fondos públicos. Esta resolución judicial confirma que la iniciativa impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador se ajustó al marco legal vigente para redirigir recursos hacia la atención de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19. Los ministros del máximo tribunal determinaron que la concentración de activos financieros en la Tesorería de la Federación no vulneró las facultades de las entidades federativas; por consiguiente, el pleno avaló la extinción de fideicomisos federales tras un análisis detallado de las impugnaciones presentadas por diversas administraciones estatales que buscaban revertir la medida administrativa.
Validez del decreto oficial
El máximo tribunal del país aprobó de manera unánime ocho proyectos de resolución elaborados por el ministro Arístides Guerrero García, quien sostuvo la legalidad de la extinción de estas figuras financieras. La Corte concluyó que los estados promoventes de las acciones de inconstitucionalidad no demostraron una afectación directa a sus atribuciones constitucionales mediante la eliminación de dichos fondos. Asimismo, el cuerpo de ministros reconoció que el decreto publicado originalmente en noviembre de 2020 cumplió con los requisitos de transparencia y utilidad pública; de esta forma, mientras avalan la extinción de fideicomisos federales, se establece un precedente sobre la capacidad del Ejecutivo para reorganizar el presupuesto ante contingencias nacionales extraordinarias.
Impugnaciones y sectores afectados
Las demandas contra la desaparición de estos fondos fueron promovidas por los gobiernos de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas durante el año 2020. Estas entidades, encabezadas en aquel entonces por fuerzas de oposición, cuestionaron la eliminación de instrumentos destinados a la ciencia, la cultura, el deporte y la atención a víctimas de la violencia; no obstante, el ministro ponente subrayó que los argumentos planteados fueron genéricos y no evidenciaron una violación a preceptos de la Carta Magna. En consecuencia, el hecho de que avalan la extinción de fideicomisos federales desestima las quejas sobre el supuesto impacto negativo en áreas sensibles como el cambio climático o la protección de derechos humanos básicos.
Recursos y destino final
Se calcula que el monto total de los activos concentrados en la Tesorería de la Federación superó la cifra de 68 mil millones de pesos, capital que etiquetaron prioritariamente para fortalecer el sistema de salud pública. La SCJN enfatizó que la soberanía de los estados no quedó vulnerada, ya que la gestión de estos recursos pertenecía estrictamente al ámbito de la administración pública centralizada del gobierno federal. De esta manera, el fallo que garantiza que avalan la extinción de fideicomisos federales cierra un capítulo jurídico de largo aliento sobre la discrecionalidad en el manejo de fondos públicos en México; mientras tanto, el Estado mantiene la facultad de disponer de estos excedentes para cumplir con los objetivos de bienestar social planteados desde el inicio de la pasada gestión.
