Redim reporta crisis por la desaparición de niños en México. En 2025, los casos sin resolver aumentaron un 30.3%, alertando a la ONU.
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La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) presentó su Informe Anual 2025, donde revela datos alarmantes sobre la seguridad de los menores en el país. El documento señala que la desaparición de niños en México se ha convertido en una práctica sistemática que requiere atención inmediata de las autoridades internacionales. Debido a la gravedad de esta situación, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó procedimientos de urgencia contemplados en la Convención internacional.
Durante el periodo de 2025, el organismo registró un total de 10,707 reportes de menores de edad cuyo paradero se desconocía inicialmente. Aunque la cifra total de reportes creció un 0.3 por ciento respecto al año anterior, el dato más preocupante reside en quienes aún no regresan a casa. Actualmente, 2,856 niñas, niños y adolescentes permanecen sin ser localizados, lo que representa un incremento del 30.3 por ciento en casos sin resolver comparado con 2024.
Crisis por la desaparición de niños en México
La organización civil destaca que la sociedad mexicana enfrenta una deuda histórica con las infancias que crecen buscando a un familiar o que son víctimas directas. Por consiguiente, la cifra total de personas desaparecidas en el país cerró el año con un acumulado de 133,467 casos vigentes. Esta crisis estructural afecta el desarrollo emocional y físico de miles de menores que viven en entornos de alta vulnerabilidad y violencia generalizada.
Intervención de organismos internacionales
El Comité de la ONU considera que el fenómeno en territorio nacional no es aislado, sino que responde a patrones que se repiten en diversas entidades. Por lo tanto, la activación del artículo 34 de la Convención busca presionar al Estado mexicano para que implemente mecanismos de búsqueda mucho más eficientes y rápidos. La Redim subraya que los primeros momentos tras un reporte son cruciales para localizar a los menores con vida y evitar tragedias mayores.
Estadísticas comparativas de la Redim
Al analizar el cierre de datos al 2 de enero de 2026, los especialistas observan un estancamiento en la capacidad de respuesta de las fiscalías locales. Mientras que en 2024 el número de menores que continuaban desaparecidos era de 2,192, la cifra escaló drásticamente en solo doce meses. Esta tendencia refleja una debilidad en los protocolos de la Alerta Amber y otros sistemas de geolocalización que deberían proteger a la población infantil de manera prioritaria.
Impacto en la estructura social y familiar
Cada expediente de desaparición fragmenta a una familia y genera un impacto psicológico devastador en las comunidades locales. Por esta razón, la Redim exige que el presupuesto destinado a la Comisión Nacional de Búsqueda se maneje con transparencia y enfoque especializado en la niñez. La falta de resultados concretos fomenta la impunidad y permite que grupos delictivos continúen operando sin temor a las consecuencias legales por la sustracción de menores.
Llamado urgente a la acción gubernamental
Finalmente, el informe concluye que el Estado debe reconocer la magnitud de la tragedia para poder diseñar políticas públicas efectivas de prevención. El fortalecimiento de la vigilancia en espacios públicos y el control estricto de las fronteras terrestres son pasos necesarios para frenar este delito. La protección de los derechos de la infancia debe ser el eje central de la estrategia de seguridad nacional para garantizar un futuro libre de miedo para las próximas generaciones.
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