Los datos obtenidos mediante el reconocimiento facial de extranjeros serán almacenados en bases de datos federales por varias décadas
Estados Unidos. En un movimiento que transforma los protocolos de control migratorio, el Gobierno de Estados Unidos comenzó este viernes 26 de diciembre a implementar una nueva normativa que exige la toma de fotografías y datos biométricos a todos los extranjeros que ingresen o salgan de su territorio. La medida, oficializada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se aplica de manera uniforme en aeropuertos, puertos marítimos y cruces terrestres. Con esta acción, las autoridades buscan cerrar el ciclo de monitoreo migratorio, permitiendo al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) verificar con precisión no solo quién entra al país, sino también quién lo abandona, una capacidad que hasta ahora era limitada en las terminales de salida.
Eliminación de exenciones y nuevos grupos afectados
La normativa marca un precedente al eliminar exenciones históricas por motivos de edad o estatus diplomático. A partir de hoy, se autoriza el uso de reconocimiento facial en menores de 14 años y personas mayores de 79 años, sectores que anteriormente estaban fuera de estos protocolos. La regla es de carácter universal para todos los “no ciudadanos”, lo que incluye a titulares de tarjetas de residencia permanente (Green Card), trabajadores temporales, estudiantes y turistas. Incluso grupos que solían gozar de facilidades en los cruces, como la mayoría de los ciudadanos canadienses y el personal diplomático, deberán someterse ahora a este registro digital de identidad.
Seguridad nacional y combate al fraude
El argumento central del DHS para el despliegue de este sistema es el fortalecimiento de la seguridad nacional ante amenazas de terrorismo y el uso de documentación apócrifa. Las autoridades enfatizaron que la integración de estos datos permitirá detectar con exactitud a los visitantes que exceden su tiempo de estadía autorizado (overstays) y prevenir el reingreso ilegal de personas previamente deportadas. Según el comunicado oficial, el uso de reconocimiento facial y huellas dactilares genera una capa adicional de seguridad que agiliza la verificación de identidad, reduciendo la dependencia de inspecciones manuales que pueden ser vulnerables al error humano o al fraude documental.
Preocupaciones por la privacidad y almacenamiento
A pesar de las justificaciones gubernamentales, la medida ha despertado una ola de críticas por parte de organizaciones civiles y defensores de la privacidad. El punto de mayor fricción radica en el manejo de la información: mientras que las fotos de ciudadanos estadounidenses (quienes pueden participar voluntariamente u optar por una revisión manual) se eliminan en un plazo de 12 horas, los datos biométricos de los extranjeros se almacenarán en sistemas federales hasta por 75 años. Activistas cuestionan la falta de claridad sobre quién tendrá acceso a esta base de datos masiva y los riesgos potenciales en caso de filtraciones de seguridad; no obstante, el Gobierno sostiene que la implementación es un paso necesario para modernizar una de las fronteras más transitadas del mundo.
