El exfuncionario federal permanecerá en la prisión ADX Florence mientras se resuelve si el proceso de García Luna debe ser repuesto totalmente
Nueva York. El equipo legal de Genaro García Luna, quien fuera el máximo responsable de la seguridad en México, formalizó este jueves el recurso de apelación contra la condena de 38 años de prisión dictada en Nueva York. Los abogados César de Castro y Valerie Gotlib sostienen que el derecho fundamental al debido proceso de su cliente quedó vulnerado sistemáticamente durante el juicio que lo vinculó con el Cártel de Sinaloa. Según la documentación presentada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, la defensa argumenta que el procedimiento judicial quedó irremediablemente viciado por irregularidades que comprometieron la búsqueda de justicia.
En consecuencia, han solicitado la anulación total del veredicto o, en su defecto, que se ordene la reposición del procedimiento legal para corregir las fallas detectadas en la primera instancia. Por consiguiente, el exfuncionario deberá permanecer recluido en el penal de máxima seguridad ADX Florence mientras el tribunal superior analiza exhaustivamente cada uno de los alegatos expuestos por sus defensores.
Irregularidades en testimonios y evidencias
Dentro de los puntos críticos de la impugnación, la defensa enfatiza que el proceso de García Luna se basó en declaraciones de testigos cooperantes que habrían incurrido en perjurio bajo juramento. Específicamente, señalan que dos de los declarantes principales expusieron hechos falsos que la fiscalía no verificó adecuadamente, lo que debería invalidar sus aportaciones en el tribunal. Asimismo, los litigantes acusan al gobierno estadounidense de haber ocultado de manera indebida materiales exculpatorios que habrían favorecido la posición del acusado durante las audiencias de 2023. De igual forma, denuncian que el juez Brian Cogan limitó injustificadamente el contrainterrogatorio a ciertos testigos de la fiscalía sobre conductas de violencia y temas de índole sexual. Estas restricciones, aseguran, impidieron que el jurado conociera la naturaleza real de quienes acusaban al exsecretario, lo que distorsionó la percepción de la credibilidad de los testimonios presentados ante la corte.
Cuestionan legalidad del juicio patrimonial
Otro argumento central de la apelación radica en lo que los abogados califican como un “mini juicio patrimonial ilegal” permitido durante la fase de presentación de pruebas. La defensa cuestiona que el juez autorizara la exhibición de múltiples fotografías de bienes lujosos, como una casa blanca y un acuario, sin existir evidencia directa de procedencia ilícita. Según el recurso, estas imágenes las utilizaron para prejuiciar al jurado de manera negativa bajo la Regla 403 de evidencia federal, la cual prohíbe pruebas que solo buscan generar estigma. Mientras tanto, se alega que la ostentación económica mostrada no guardaba relación directa con los delitos de narcotráfico imputados, invitando a una inferencia de culpabilidad carente de sustento fáctico. Por lo tanto, el proceso de García Luna habría sido contaminado por elementos visuales que no probaban los sobornos, sino que apelaban únicamente al impacto emocio
Sentencia y multa calificadas como irracionales
Finalmente, los representantes legales del exfuncionario impugnaron la condena de 460 meses de prisión y la multa de dos millones de dólares por considerarlas desproporcionadas y carentes de lógica. La defensa argumenta que tales sanciones son irracionales al compararlas con casos similares de otros funcionarios extranjeros, quienes recibieron penas significativamente menores en tribunales federales de Estados Unidos. Asimismo, señalan que la multa impuesta resulta incongruente con la situación financiera real de su cliente, quien ha permanecido bajo custodia y con cuentas intervenidas desde su arresto en 2019. A pesar de los esfuerzos de sus abogados por revertir la situación, el proceso de García Luna podría prolongarse varios meses antes de que se emita una resolución definitiva por parte de los magistrados. De esta forma, la apelación marca la última oportunidad jurídica para que el exsecretario.
