Exfuncionarios de la administración de Jaime Bonilla vinculados a proceso por corrupción
Tijuana, Baja California. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) ha inhabilitado a Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, para desempeñar cualquier cargo público durante un periodo de tres años. La sanción se impuso tras determinarse que el exmandatario incurrió en una falta grave durante su gestión. Esta falta se derivó de un contrato que Bonilla otorgó a la empresa Next Energy, destinado a la construcción de una planta de energía fotovoltaica. El tribunal concluyó que el exgobernador carecía de la atribución legal para conceder dicho acuerdo, ya que se trata de una facultad exclusiva del gobierno federal. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó la noticia en conferencia de prensa, señalando que el fallo sancionatorio fue notificado al gobierno estatal el lunes 8 de diciembre.
Exfuncionarios vinculados a proceso
El mismo lunes 8 de diciembre, durante una extensa audiencia que finalizó cerca de las 23:00 horas, el exsecretario de Salud de Bonilla, Alonso Pérez Rico, fue formalmente vinculado a proceso penal. El delito imputado es el de uso ilícito de facultades y atribuciones. El exfuncionario es investigado por otorgar a la empresa Arsa LAB, en 2021, la adquisición de insumos médicos por un valor de $39 millones 680 mil 730 pesos, utilizando nueve adjudicaciones directas. La denuncia original que impulsó este procedimiento fue presentada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción de Baja California.
En la misma audiencia, también fue vinculado a proceso Gerardo Abdiel Contreras Hernández, exjefe de Mantenimiento y encargado de despacho de la Dirección de Administración. Contreras Hernández había formado parte del Comité Técnico para el Manejo de la Deuda de ISESALUDBC, organismo que autorizó los pagos a distintos proveedores.
Otros cargos y sentencia
Otros exfuncionarios de la administración de Jaime Bonilla fueron vinculados a proceso. Se trata de Mikel Roberto Alcántara Hernández, exdirector de Administración, y Miguel Ángel Marín Cardone, exjefe de Recursos Materiales. Todos los imputados enfrentarán su proceso en libertad, ya que la Fiscalía General del Estado omitió solicitar la prisión preventiva como medida cautelar. Por otro lado, Octavio Hilton Reyes, quien fuera exoficial mayor durante el gobierno de Bonilla, recibió una sentencia de 19 meses de prisión.
