La investigación por vinculación con crimen organizado incluye órdenes de aprehensión contra 13 personas, incluyendo una funcionaria federal
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este miércoles que ha iniciado una investigación formal contra Raúl Rocha Cantú, el dueño de la marca Miss Universo. El empresario está siendo indagado por su presunta vinculación con crimen organizado, específicamente por delitos de narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.
Carpeta de investigación y órdenes de aprehensión
En un comunicado, la FGR señaló que la carpeta de investigación 928/2024 se abrió el 29 de noviembre de 2024. Este proceso inicial se dirige contra 13 personas por los delitos mencionados. La Fiscalía explicó que el caso es resultado de una “investigación realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal”, la cual proporcionó “información suficiente” para formalizar el proceso penal.
La dependencia agregó que, hace diez días, un juez federal obsequió las órdenes de aprehensión en contra de estas 13 personas. Aunque la lista se mantiene en secrecía por razones de seguridad, la FGR indicó que ya se logró cumplimentar una orden de aprehensión contra una funcionaria federal involucrada en dichos delitos.
Indagatorias contra Raúl Rocha
Respecto a Rocha Cantú, quien ha sido objeto de diversas polémicas en días recientes, la Fiscalía afirmó que se están investigando activamente las acusaciones públicas en su contra.
“En el caso específico de uno de los señalados, Raúl “R”, de quien ha habido informaciones públicas diversas, esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF), continuar y ahondar en esta investigación”, puntualizó la FGR.
La Fiscalía aseguró que la situación jurídica de Raúl Rocha será informada al público “en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza”. La FGR concluyó que la información detallada se compartirá conforme se cumplan las órdenes de aprehensión pendientes. También cuando se lleven a cabo las audiencias públicas ante los jueces federales, garantizando la precisión de los datos sobre la vinculación con crimen organizado.
