“Libres son quienes crean, no quienes copian; y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar.” Eduardo Galeano

La educación, entendida como un espacio de libertad y pensamiento crítico, atraviesa hoy un momento decisivo. En distintos lugares del mundo, los gobiernos parecen más interesados en controlar el conocimiento que en fomentarlo.

Observo con preocupación cómo ciertas universidades estadounidenses —entre ellas Columbia y Harvard— se encuentran bajo investigación y revisión administrativa de los fondos federales que reciben. El motivo: haber permitido el análisis público de las consecuencias de las acciones del ejército israelí en la Franja de Gaza.

El 4 de octubre de 2025, The New York Times informó que varias universidades estadounidenses —Vanderbilt, Pennsylvania, Dartmouth College, Universidad del Sur de California, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Universidad de Texas, Brown y Virginia— recibieron un documento de diez páginas titulado “Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior”. En él se les solicita comprometerse con las prioridades políticas del presidente Donald Trump a cambio de un acceso más favorable a fondos federales.

Entre las condiciones planteadas se incluyen: congelar las matrículas por cinco años, prohibir el uso del sexo y el género como factores de admisión, y limitar el número de estudiantes internacionales. Además, las universidades deberían transformar o eliminar las unidades institucionales que “castiguen o menosprecien las ideas conservadoras”. A cambio, recibirían significativas subvenciones federales y la obligación de mantener una estricta “neutralidad institucional”, que impediría a departamentos o facultades emitir pronunciamientos políticos o sociales, salvo en asuntos directamente vinculados con el ámbito educativo.

Las universidades invitadas deberán enviar sus comentarios antes del 21 de noviembre de 2025. Jonathan Zimmerman, profesor de la Universidad de Pennsylvania, calificó esta propuesta como “un verdadero punto de inflexión para las universidades”. Mientras tanto, la Universidad de Texas se declaró honrada de haber sido considerada, y otras instituciones admitieron desconocer por qué fueron seleccionadas.

Ante estas presiones, algunas voces políticas y académicas han respondido con firmeza. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró: “California no financiará escuelas que traicionen a sus estudiantes, profesores e investigadores renunciando a la libertad académica”.

Este intento de control contrasta con los principios fundacionales de la universidad moderna. Desde la creación de la Universidad de Bolonia en 1088 se establecieron los valores esenciales de la educación superior —autonomía, pensamiento crítico y libertad frente al poder civil o religioso—, reafirmados siglos después en Europa, América y en declaraciones como la de Bolonia (1999) y la de la OEA (2024).

El filósofo y lingüista Noam Chomsky, distinguido con el doctorado “Honoris Causa” por la UNAM en 2010, ha subrayado reiteradamente la importancia de la libertad, la reflexión y la crítica frente a toda política de Estado que pretenda imponer valores o principios incuestionables.

Lamentablemente, hoy en todo el continente americano los presupuestos educativos —ya sea en contenidos, materiales o apoyos económicos— se utilizan con frecuencia para condicionar voluntades, premiar adhesiones o castigar la crítica.

Ante este panorama, considero que el presente no solo debe contener al pasado, sino también analizarlo para mejorarlo. Debemos, ante todo, preservar los principios que sostienen la libertad, la democracia y el pensamiento crítico.

La educación no puede ser un instrumento de sometimiento. Si pierde su libertad, pierde también su sentido.