La DDHPO confirma que el joven no había ingerido alcohol antes de ser baleado por los policías en el operativo
Oaxaca, Oaxaca. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha determinado que elementos de la policía municipal de Santa Lucía del Camino cometieron una ejecución extrajudicial en contra de Diego Ignacio Paz, un joven estudiante de la Universidad Anáhuac. Este organismo desmintió la versión inicial de que el estudiante se encontraba bajo los efectos del alcohol al intentar evadir un punto de control vial. Por lo tanto, esta resolución oficial contradice las primeras narrativas proporcionadas por las autoridades locales.
Desmintiendo la versión oficial
Diego Ignacio Paz, de 22 años, falleció en un hospital mientras recibía atención médica, después de haber sido baleado por uniformados la madrugada del 31 de agosto de 2024. Los informes preliminares de la administración municipal aseguraban que el joven había atropellado a dos agentes viales al evadir el alcoholímetro, y que además había ingerido bebidas embriagantes. No obstante, el dictamen forense fue concluyente, revelando que en la sangre del estudiante no se detectó alcohol etílico ni metabolitos de droga.
La autopsia confirmó que Diego Ignacio Paz recibió impactos de bala en el abdomen, lo cual le provocó laceraciones en intestinos, costillas y pulmón, así como un impacto en el glúteo. Estos detalles cruciales no los informaron con precisión las autoridades locales en su momento. Esta falta de transparencia intensifica la gravedad de la omisión y la presunta responsabilidad de los policías en Oaxaca.
Uso ilegítimo de la fuerza
La DDHPO resolvió categóricamente que este lamentable suceso constituye una ejecución extrajudicial perpetrada por policías viales, mediante el uso ilegítimo de sus armas reglamentarias. El organismo defensor también señaló que los elementos involucrados carecían de las certificaciones o la capacitación requeridas tanto para participar en el operativo del alcoholímetro como para portar armas de fuego. El Ayuntamiento estuvo bajo la crítica por no cooperar plenamente.
El documento de la Defensoría advierte que el Ayuntamiento fue omiso al no entregar una lista completa de los servidores públicos que intervinieron en los hechos. Además, la dependencia municipal tampoco remitió el informe sobre la cadena de mando y los superiores responsables de la planificación y ejecución del operativo de los días 30 y 31 de agosto de 2024. Dichos mandos tenían la función de supervisar o controlar a los policías que participaron en la persecución y en el uso de la fuerza que derivó en la muerte del estudiante. Finalmente, la DDHPO emitió una recomendación al municipio de Santa Lucía del Camino para que diseñe e imparta cursos integrales en materia de derechos humanos a sus policías viales y municipales, con el objetivo de prevenir futuras ejecuciones extrajudiciales.
