Ciudad de México. El Pleno del Senado de la República aprobó este miércoles, con 106 votos a favor, una reforma al artículo 73 de la Constitución, la cual busca fortalecer el combate a la extorsión. Esta enmienda otorga al Congreso de la Unión la facultad de emitir una ley general en la materia. Dicha legislación, por consiguiente, establecerá un marco legal homogéneo que unificará la tipificación del delito, las penas aplicables y los mecanismos de atención a las víctimas en todo el país, lo que permitirá una respuesta más efectiva.
✅ Por unanimidad, con 106 votos a favor, se aprueba reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión.
— Senado de México (@senadomexicano) September 24, 2025
Nuevo marco legal
Con esta reforma, el enfrentamiento a la extorsión ya no dependerá de las legislaciones estatales. En su lugar, el delito pasará a ser competencia del ámbito federal, lo que tiene como fin erradicar los vacíos legales que actualmente favorecen la impunidad. El dictamen expone que la homologación de las sanciones reducirá la incertidumbre y garantizará el fortalecimiento del Estado de derecho. Asimismo, se fortalecerá la persecución y la sanción del delito, lo cual asegura una mayor protección de los derechos humanos y la búsqueda de justicia para los afectados.
El documento detalla que la nueva estrategia nacional contra este delito se basará en cinco ejes operativos y preventivos. En primer lugar, se buscará la detención de los principales criminales mediante procesos de investigación específicos. En segundo lugar, se fomentará la creación de unidades antiextorsión en las distintas entidades.
Adicionalmente, se implementarán protocolos para una atención temprana y especializada a las víctimas, y la investigación quedará a cargo de la Unidad Especializada contra el Secuestro y la Extorsión. Por último, se pondrán en marcha campañas de concientización a nivel nacional. La aprobación unánime en el Senado para fortalecer el combate a la extorsión demuestra una voluntad política generalizada para afrontar un problema de seguridad pública que afecta a miles de personas.









