Por Agenda QR
Agenda QR: Cozumel: La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, aseguró que en su administración no habrá impunidad ni tolerancia frente a ningún acto de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Su mensaje se dio tras la detención de un militar en Cozumel, acusado del abuso sexual de una niña de nueve años dentro de instalaciones castrenses, hecho que conmocionó al estado y derivó en protestas violentas de la población.
Delitos atribuidos
El presunto agresor fue identificado como Jairo “N” y enfrenta cargos por abuso sexual, privación ilegal de la libertad y lesiones. Según la investigación, obligó a la menor a subir a una motocicleta y la trasladó a un cuartel militar, donde la agredió en dos momentos distintos antes de dejarla lesionada. La niña recibió atención médica inmediata y respaldo de instituciones como el DIF y Geavig. El 7 de septiembre, un juez de Control de Cozumel decidirá si se dicta su vinculación a proceso.
Reacciones ciudadanas
La indignación se tradujo en disturbios frente a la guarnición militar, donde habitantes incendiaron una garita y saquearon una tienda de la Sedena. La tensión aumentó cuando el alcalde José Luis Chacón Méndez responsabilizó a los padres de la víctima, declaración que desató críticas por insensible y revictimizante. Colectivos y vecinos reclamaron su retractación inmediata y advirtieron que un militar en Cozumel señalado por un crimen de esta magnitud erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Compromiso gubernamental
Lezama reiteró que la protección de la niñez será siempre una prioridad en Quintana Roo y garantizó acompañamiento integral a la víctima. Sin embargo, la familia denunció hostigamiento y responsabilizó a las autoridades de cualquier daño que pudieran sufrir, evidenciando un entorno de tensión social. La gobernadora enfatizó que los hechos no quedarán sin justicia, pues el mensaje oficial busca restaurar la confianza tras la violencia registrada en Cozumel.
Impacto social
Este caso puso en entredicho la presencia de militares en zonas habitadas, ya que ciudadanos cuestionan si sus instalaciones representan un riesgo en lugar de seguridad. Las protestas y los saqueos mostraron un profundo descontento comunitario, mientras el proceso judicial del 7 de septiembre será clave para medir si la promesa de no impunidad se cumple en los hechos.
