Elementos ministeriales realizaron un operativo en bares de Chetumal, donde presuntamente habrían cometidos abusos

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Propietarios de bares acusan abuso en Chetumal

Dueños de varios comercios y bares de Chetumal que sufrieron cateos la madrugada del sábado, han levantado una denuncia contra supuestos agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE). Los afectados acusan a los oficiales de abuso de autoridad, privación de la libertad y robo durante los operativos.

Los inmuebles cateados se ubican en la Calzada Veracruz con Marciano González y en la calle Venustiano Carranza, entre Independencia y Francisco I. Madero.

Los operativos captados por cámaras de bares en Chetumal

Una de las afectadas, propietaria de una tienda, denunció robo y difundió videos de las cámaras de seguridad de su establecimiento. En las grabaciones se observa a presuntos agentes de la Policía de Investigación, encapuchados, merodeando en el interior hasta que finalmente desactivan los dispositivos de vigilancia.

Los dueños de los negocios aseguran que los supuestos ministeriales entraron de forma violenta a los establecimientos, donde destruyeron las cámaras de seguridad, cerraron las puertas y rompieron el mobiliario. Asimismo, atemorizaron a los clientes de los bares, amenazaron y privaron de su libertad al personal.

El calvario del personal

Según los afectados, los encargados de los negocios fueron trasladados a la Vicefiscalía de Justicia Distrito Sur. Allí, los obligaron a firmar documentos sin permitirles leer el contenido. En el trayecto, los obligaron a ir agachados, bajo la amenaza de armas de fuego. Después, los llevaron afuera de la ciudad, donde los liberaron, no sin antes intimidarlos.

Los propietarios de los comercios afectados han exigido a las autoridades que detengan estos abusos, los cuales, aseguran, son cada vez más frecuentes en la capital del estado.

Exigen reparaciones y amenazan con protestas

Los comerciantes anticipan que realizarán protestas si la Fiscalía no resarce los daños a la brevedad. Han hecho un llamado a las autoridades para que investiguen estos hechos y garanticen que los operativos se realicen conforme a la ley, sin violentar los derechos de los ciudadanos y sus propiedades.

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