Agenda QR: Ciudad de México, México.– El costo de defender la tierra en México es letal. Al menos 84 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en el país desde 2016. Estos crímenes, con una alta probabilidad de estar ligados a su labor, evidencian una escalada alarmante de violencia e impunidad. La ONG Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) denunció esta trágica cifra. El 17 de julio, Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente, subraya esta dolorosa realidad de la violencia contra activistas.
De los 84 defensores asesinados, el balance es desolador: siete mujeres y 77 hombres perdieron la vida. Además, 44 de estas víctimas pertenecían a pueblos indígenas, mientras una era afromexicana, precisó la OSC en un comunicado.
Múltiples agresiones y un Estado con deuda pendiente
A estos hechos fatales se suman una serie de agresiones sistemáticas. La criminalización y el hostigamiento judicial, la vigilancia constante, las amenazas, el desplazamiento forzado y las desapariciones forman parte del patrón. Espacio OSC señaló que esta fecha conmemorativa no solo busca recordar. También funciona como un “recordatorio urgente de la deuda que el Estado mexicano mantiene” con aquellos que arriesgan su vida por proteger los territorios, los ecosistemas y los bienes comunes del país.
Cuatro años después de su reconocimiento oficial por el Congreso mexicano, el Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente exige justicia. La violencia contra activistas, el despojo y la impunidad persisten. Los defensores ambientales luchan contra el avance de megaproyectos destructivos y el crimen organizado. Esto ocurre en múltiples regiones del país, donde su labor es esencial para la supervivencia de sus comunidades y entornos naturales.
Amenazas del desarrollo y el crimen organizado
Espacio OSC enfatizó la importancia capital de los defensores ambientales. Ellos resultan clave para frenar la crisis climática y resistir proyectos depredadores. Su trabajo protege los recursos naturales que sostienen la vida humana. Además, resguarda las formas de vida indígenas, las cuales coexisten en armonía con la naturaleza.
Su labor cobra especial relevancia frente a la expansión de megaproyectos extractivos y la imposición de infraestructura. La deforestación, el acaparamiento ilegal de agua y la contaminación generalizada son problemas que continúan deteriorando los ecosistemas. Asimismo, estos fenómenos exacerban las desigualdades sociales. A este complejo panorama se añade la creciente incursión del crimen organizado en diversas regiones. Este ejerce un control violento sobre territorios y recursos. Actividades ilícitas como la tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de especies y el despojo violento de comunidades se han intensificado. Estas acciones afectan gravemente el medio ambiente y a las personas que valientemente lo defienden. “El narcotráfico y las economías criminales están hoy estrechamente vinculadas a la degradación ambiental, generando escenarios de altísimo riesgo”, añadió la OSC, subrayando la intrínseca relación con la violencia contra activistas.
Marcos normativos y vacíos institucionales
Espacio OSC recordó la existencia de marcos normativos aprobados por el Estado mexicano. Insisten en que deben implementarse con urgencia y adecuadamente. Mencionaron la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esta ley creó el Mecanismo Federal de Protección en 2012. A nivel internacional, México firmó y ratificó el Acuerdo de Escazú el 5 de noviembre de 2020. Este tratado regional es el primero en el mundo en establecer la obligación de los Estados de proteger a los defensores ambientales.
Sin embargo, la OSC expresó su “profunda preocupación” por la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI). Esta decisión, afirmaron, “genera un grave vacío institucional” que pone en riesgo el derecho fundamental de acceso a la información pública ambiental. Además, consideraron urgente garantizar el derecho a la justicia ambiental. Exigen la existencia de jueces autónomos, con formación especializada en derechos humanos y ambientales, libres de presiones políticas o económicas.
