Agenda QR: Campeche, México.–Una jueza en Campeche ha asestado un golpe sin precedentes a la libertad de prensa en México. Ana Maribel de Atocha Huitz May, jueza de control interina, prohibió al periodista Jorge Luis González Valdez y al periódico Tribuna referirse a la gobernadora Layda Sansores. Además, impuso medidas cautelares que exigen la revisión judicial previa de su contenido antes de publicarse.
Estas medidas han desatado la indignación del gremio periodístico. El Tribunal Superior del Estado designará interventores judiciales para revisar el material. La prohibición es estricta: el medio no podrá mencionar a la gobernadora Layda Sansores San Román. Asimismo, la jueza ordenó una supervisión constante de todas las publicaciones, comentarios y opiniones.
Medidas “aberrantes” y el ataque a la libertad de prensa en México
Jorge Luis González Valdez, director del diario Tribuna con 40 años de experiencia, calificó estas medidas como “excesivas, aberrantes y violatorias de sus garantías individuales”. Pese a obtener una suspensión definitiva contra la prohibición de ejercer el periodismo y el cierre de la plataforma digital de Tribuna, la jueza Huitz May condicionó el ejercicio de su oficio con estas nuevas restricciones.
La jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May justificó sus acciones, argumentando que buscan “cuidar que no se lastime la dignidad de la víctima, o sea la gobernadora”. Sin embargo, González Valdez considera esta justificación un ataque directo a la libertad de prensa en México.
Censores oficiales y debate público
Las medidas cautelares responden a peticiones del asesor jurídico de la gobernadora, Miguel Oliver Huchim Ortiz, y de la representante del Ministerio Público, Jenny Clarivel Nah Mendieta. Incluyen una exigencia alarmante: que un “censor oficial” acompañe al periodista Jorge González. Esto aplicaría cuando grabe programas, dé conferencias de prensa u opine.
La decisión de la jueza ha provocado un intenso debate nacional. Cuestiona los límites de la libertad de expresión y el papel del poder judicial en la protección de los derechos ciudadanos. La imposición de censura previa y la figura de un “censor oficial” representan graves regresiones democráticas. Atentan contra los principios fundamentales de la libertad de prensa en México.
