Cancún, Quintana Roo.— Una “Ley Censura” en México amenaza gravemente la libertad de expresión, según advierte María José de Icaza, investigadora del programa de derechos digitales de Artículo 19. En una entrevista exclusiva para Agenda QR con el periodista Miguel Aquino, De Icaza señaló un preocupante retorno a los delitos contra el honor. Estos delitos buscan criminalizar la labor periodística y la crítica ciudadana, a pesar de que habían sido paulatinamente derogados en diversos estados desde 2006.
Un retroceso disfrazado de protección
De Icaza explicó que esta “Ley Censura” se disfraza con la justificación de proteger a la ciudadanía en el ámbito digital. Sin embargo, su verdadero objetivo parece ser criminalizar a quienes se opongan a las personas en el poder. Un ejemplo claro es la reforma al Código Penal del Estado de Puebla. Esta reforma establece tipos penales ambiguos como el “ciberasedio”. Dicho delito implica que cualquier persona que “insulte, injurie u ofenda” a otra a través de medios digitales podría enfrentar la cárcel.
“Estamos hablando de términos sumamente ambiguos”, afirmó la investigadora. Cuestionó quién decidirá qué constituye un insulto, señalando que estas leyes no ofrecen salvaguardas para que la ciudadanía pueda criticar abiertamente al gobierno, un pilar fundamental de cualquier democracia. Otros delitos ambiguos como el espionaje digital o la usurpación de identidad también podrían usarse de manera ilegítima.
Riesgos para periodistas y la sociedad
Estas legislaciones, de mantenerse, representan una restricción inconstitucional frente a los estándares internacionales de derechos humanos en libertad de expresión. La principal afectación recaería en periodistas y alertadores de actos de corrupción o graves violaciones a derechos humanos. Consecuentemente, toda la sociedad se vería afectada en su derecho a saber lo que realmente está ocurriendo. Miguel Aquino, con 30 años de experiencia, recordó cómo la censura ha mutado. Antes era a través de cartas o fax; hoy, los mensajes y denuncias ciudadanas llegan por redes sociales.
María José de Icaza destacó que este tipo de legislaciones protegen a las personas en el poder. Esto provoca que tanto ciudadanos como periodistas se autocensuren para protegerse de posibles represalias. México es un país sumamente peligroso para ejercer el periodismo. Ahora, además de la violencia física, psicológica y económica, hay un aumento de procesos penales contra periodistas.
Cifras alarmantes y llamados a la acción
En Puebla, de 2018 a 2024, se registraron 22 procesos judiciales contra periodistas. A nivel nacional, se abre una investigación contra periodistas cada tres semanas. Esto indica un riesgo creciente de investigaciones penales y prisión para la prensa. La criminalización debe ser la última instancia.
La “Ley Censura” en México y otras similares no están claramente establecidas. No cumplen con estándares internacionales ni constitucionales. Sara Rincón Gallardo, de la asociación “Luum Balicheo”, y “Cachorrilandia” apoyan la defensa de la libertad de expresión. La información gubernamental a menudo no es accesible. Las organizaciones civiles y periodistas son un conducto esencial. Es fundamental que iniciativas de este estilo no se aprueben y que las leyes existentes se deroguen inmediatamente, concluyó la investigadora.
