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En una entrevista exclusiva para Agenda QR con el periodista Miguel Aquino, la Mtra. Angélica Amaro Hernández, presidenta del Colegio de Abogados Crescencio Rejón en Quintana Roo, abordó el polémico caso de Marianne Gonzaga, una menor de edad acusada de atacar a Valentina Gilabert, una joven de 18 años. A pesar de la gravedad del delito, que incluye lesiones calificadas, la Mtra. Amaro advirtió que las penas para menores infractores en México son mínimas, lo que genera preocupación sobre la efectividad del sistema de justicia juvenil.
El ataque, que dejó a Gilabert en coma inducido, ha puesto de relieve las limitaciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. La Mtra. Amaro explicó que, aunque el delito por el que se le imputa a Gonzaga es grave, la legislación actual establece sanciones que no superan los cinco años de privación de libertad. “Esto es insuficiente, especialmente cuando se trata de actos tan violentos”, afirmó.
A medida que el caso avanza a la etapa de investigación complementaria, la Mtra. Amaro destacó la importancia de un enfoque más riguroso. “El juez tiene la facultad de imponer medidas cautelares, pero el reto es que, al final del proceso, la rehabilitación del menor sea efectiva”, comentó. Sin embargo, la falta de recursos y la insuficiente infraestructura en los centros de internamiento complican este objetivo, dejando a muchos jóvenes sin una verdadera oportunidad de reintegrarse a la sociedad.
La presidenta del Colegio de Abogados también hizo un llamado a reconsiderar la edad penal en el país. “Cada vez vemos más casos en los que menores cometen delitos graves, y las sanciones no reflejan la seriedad de estos actos”, señaló. La Mtra. Amaro argumentó que países como El Salvador y Argentina han iniciado debates sobre este tema, sugiriendo que México debería seguir su ejemplo para abordar adecuadamente la creciente violencia entre los jóvenes.
Finalmente, la Mtra. Amaro enfatizó la necesidad de un cambio integral en el sistema de justicia juvenil. “No se trata solo de aumentar las penas, sino de garantizar una rehabilitación efectiva y un enfoque preventivo que involucre a las familias”, concluyó. En un contexto donde la impunidad es alta y las tasas de reincidencia aumentan, la reestructuración del sistema es más urgente que nunca para asegurar un futuro más seguro para todos.
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