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El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO) ha iniciado una investigación profunda contra el Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (SUCHAA) en Chetumal, tras serias acusaciones de daño patrimonial y violaciones graves a los estatutos del sindicato. Las irregularidades incluyen la falta de transparencia en la gestión de recursos y la manipulación de procesos internos, lo que ha llevado a un creciente descontento entre los miembros. La gobernadora María Elena Lezama se comprometió a supervisar la situación, destacando la necesidad urgente de una reforma dentro del gremio que garantice la legalidad y la equidad.

El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO) ha iniciado una investigación contra el Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (SUCHAA) en Chetumal, tras una demanda presentada por el Grupo de Lucha por la Unificación, Transparencia, Legalidad y Respeto Sindical. La denuncia alega daño patrimonial y violaciones a los estatutos del sindicato.

La gobernadora María Elena Lezama fue informada sobre la situación en una audiencia pública, donde se comprometió a supervisar el seguimiento de esta investigación. El Grupo disidente ha presentado múltiples demandas contra el secretario general del SUCHAA, Julio César Castilla Zapata, centrándose en la falta de transparencia en la gestión de los recursos sindicales y la manipulación de los estatutos.

Entre las irregularidades señaladas se encuentra la ausencia de actas en asambleas desde 2021, que deberían transparentar la gestión financiera, así como la falta de renovación de directivas en el sindicato, lo que ha llevado a acusaciones de ilegalidad en su operatividad.

Los disidentes también han expresado su preocupación por la reciente solicitud de 30 nuevas concesiones por parte del SUCHAA, que, según ellos, se otorgarían de manera ilegal. La gobernadora ha mostrado disposición para ayudar a resolver estas problemáticas, pero los disidentes critican la falta de acción por parte de los tribunales laborales, que consideran favorecen al secretario general.

La situación resalta la necesidad de una mayor transparencia y legalidad en la gestión de los sindicatos de taxistas, así como la importancia de proteger los derechos de los miembros dentro de este gremio.

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