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En un esfuerzo por responder a las inquietudes de la población quintanarroense, la gobernadora Mara Lezama Espinosa llevó a cabo el 28 de noviembre de 2024 su segunda transmisión en vivo del programa “La Voz del Pueblo”. En este espacio, Lezama no solo abordó las peticiones de los ciudadanos, sino que también reafirmó su compromiso de implementar medidas contundentes contra la violencia y la delincuencia en la región, afirmando que “nadie está por encima de la ley”.
Durante la transmisión, Lezama destacó el impacto positivo del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, un programa que busca mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses. La gobernadora enfatizó que su administración está trabajando de manera coordinada con los gobiernos federal, estatal y municipal para atender de forma rápida las demandas de los ciudadanos. Sin embargo, fue clara al señalar que su gobierno no tolerará la violencia, especialmente la que afecta a mujeres y niños, prometiendo sanciones severas para los infractores del orden.
Entre los casos atendidos, Lezama mencionó la situación de una mujer de Chetumal que requería un trasplante de médula, quien ahora recibirá la atención médica necesaria gracias a sus gestiones. Además, informó sobre la detención de un padre violento en Solidaridad, asegurando que la familia afectada está recibiendo apoyo integral. Este tipo de casos se han vuelto cada vez más comunes en el contexto de un estado que lucha contra la violencia de género y otros tipos de agresiones.
La gobernadora también hizo hincapié en que no se permitirá el abuso en el sector del transporte, advirtiendo que se cancelarán concesiones a quienes se vean involucrados en altercados entre taxistas y plataformas digitales. Lezama reiteró su postura de firmeza en la aplicación de la ley, asegurando que bajo su gobierno, la protección de los ciudadanos es prioridad.
Aunque el programa “La Voz del Pueblo” ha sido un canal eficaz para escuchar y atender las demandas sociales, la efectividad de estas promesas y acciones dependerá de la capacidad del gobierno para implementar soluciones sostenibles y efectivas ante los desafíos que enfrenta Quintana Roo. La comunidad observa con atención si estas declaraciones se traducirán en cambios tangibles que mejoren la seguridad y el bienestar en la región.
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