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El próximo año promete ser un desafío significativo para la industria turística de Quintana Roo, ya que el gobierno federal ha propuesto una serie de aumentos en los cobros relacionados con la entrada y los servicios migratorios para los visitantes. Según el paquete económico 2025, los turistas que ingresen a México con fines recreativos verán un incremento del 20% en la tarifa de derechos por su estancia, pasando de 717.14 pesos a 860.56 pesos, lo que representa un aumento de 143.42 pesos por trámite.
Este cambio, que afecta especialmente a aquellos que llegan por vía marítima, elimina la exención que anteriormente beneficiaba a los pasajeros de cruceros. La presidenta Claudia Sheinbaum ha justificado estas modificaciones como necesarias para reconocer el trabajo del Instituto Nacional de Migración y para facilitar flujos documentados que contribuyan al desarrollo económico y cultural del país. Sin embargo, esta justificación podría ser vista como un golpe adicional a un sector que ya ha enfrentado múltiples retos en los últimos años.
Además, los pasajeros de vuelos internacionales también se verán afectados, ya que se propone un aumento del 20% en las tarifas de los servicios migratorios al abandonar el país, elevando la cuota de 185.91 pesos a 223.09 pesos. Este aumento se suma a los costos ya elevados que enfrentan los turistas, lo que podría desincentivar los viajes a este popular destino.
Las tarifas para acceder a áreas naturales protegidas, muchas de las cuales se encuentran en Quintana Roo, también están sujetas a un aumento drástico. Por ejemplo, la entrada al Parque Nacional Arrecifes de Cozumel pasará de 108.66 pesos a 217.32 pesos, mientras que la cuota para el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos se duplicará, de 60.37 pesos a 120.74 pesos. Este tipo de incrementos podría afectar la afluencia de turistas que buscan disfrutar de la rica biodiversidad de la región.
La propuesta, que aún debe ser aprobada por el Congreso de la Unión, plantea que el 67% de los ingresos generados por estos nuevos cobros vayan a la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que el 33% restante se destinaría a la Tesorería de la Federación sin un uso específico definido. Esta distribución ha suscitado preocupaciones entre los empresarios turísticos sobre la transparencia y el destino final de los recursos recaudados.
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