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La Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, una empresa vinculada al ex gobernador Roberto Borge Angulo, busca evitar el pago de un crédito fiscal que asciende a 55 millones 932 mil pesos. Este intento de evasión se produce en un contexto donde la reanudación de las actividades del Poder Judicial de la Federación ha llevado al Primer Tribunal Colegiado de Circuito a dictar un acuerdo en el expediente de amparo directo 668/2022, regularizando así el procedimiento legal iniciado por la sociedad mercantil.

El origen del conflicto se remonta a una sentencia de 2022 emitida por la Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que resolvió en contra de la empresa en relación con la nulidad de un crédito fiscal requerido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ante esta situación, Impulsora presentó una demanda de amparo en busca de revertir la decisión, lo que refleja la complejidad de los procesos legales en torno a la administración tributaria en México.

En un giro que evidencia la persistencia de prácticas cuestionables en el ámbito empresarial, la empresa ha recurrido a este tipo de amparos como estrategia para eludir responsabilidades fiscales. En 2018, se reveló que Impulsora no reportó al SAT la compra de cuatro embarcaciones, operación que implicó un monto total de 299.9 millones de pesos, lo que generó una deuda tributaria significativa. La falta de transparencia en estas operaciones ha levantado serias dudas sobre la integridad de sus prácticas comerciales.

Mientras tanto, Roberto Borge Angulo, señalado por su papel en la creación de esta empresa y presuntamente utilizando prestanombres, permanece en prisión en un centro penitenciario del estado de Morelos. Su situación legal se complica con la acumulación de acusaciones relacionadas con su gestión como funcionario público, lo que añade un matiz sombrío a la historia de Impulsora Marítima.

Con el juicio de garantías en su fase final, el futuro de la empresa y su capacidad para evadir el pago del crédito fiscal se encuentra en una encrucijada. La resolución del tribunal no solo determinará el destino financiero de Impulsora, sino que también será un indicativo de la eficacia del sistema judicial mexicano en la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción.

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