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El 22 de octubre de 2024, un Tribunal Colegiado de Circuito emitió una orden al Juzgado Octavo de Distrito en Cancún para que resolviera un amparo contra la reforma judicial, tras la negativa del juez Mario Fernando Gallegos León a conocer el caso. Esta decisión se produce en un contexto donde la independencia judicial y la confianza en el sistema legal se encuentran bajo un creciente escrutinio público.

El caso se originó el 9 de octubre, cuando Tomás José Acosta Canto, magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación de Quintana Roo, presentó un amparo indirecto impugnando los efectos de la reforma judicial. Sin embargo, al día siguiente, el juez Gallegos León argumentó que tenía intereses personales en el asunto y se excusó de atender la demanda. Esta acción fue impugnada por Acosta Canto, quien argumentó que el juez no tenía motivos válidos para su excusa.

El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, en su resolución, declaró infundado el impedimento presentado por el juez, destacando que no existían intereses personales que justificaran su negativa a conocer el amparo. Según el tribunal, “el juez no tiene un interés personal en el juicio de amparo del que conoce porque no es parte formal en el específico juicio constitucional que se examina”. Esta afirmación subraya la importancia de la imparcialidad en el sistema judicial y la necesidad de que los jueces actúen con total transparencia.

Este desarrollo no solo resalta la tensión existente entre los magistrados y el poder judicial en Cancún, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema judicial para manejar reformas que afectan su estructura. La reforma judicial ha sido un tema polémico en México, generando divisiones y preocupaciones sobre su impacto en la administración de justicia.

La orden del tribunal es un recordatorio de que la rendición de cuentas y la transparencia son esenciales para el fortalecimiento del estado de derecho. A medida que el caso avanza, la atención se centrará en cómo el Juzgado Octavo de Distrito responderá a esta orden y qué implicaciones tendrá para la confianza pública en la justicia en Quintana Roo.

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