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En un escándalo que pone de relieve la corrupción endémica en el gobierno de Quintana Roo, la actual administración de Mara Lezama ha revelado que exfuncionarios de la administración anterior, encabezada por Carlos Joaquín González, son responsables de la desaparición de más de 7 mil millones de pesos. La Contraloría del Estado, a cargo de Reyna Durán Arceo, ha presentado 513 denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, aunque muchos de estos actos han quedado impunes debido a la prescripción de plazos legales.

Durante una conferencia de prensa, Durán Arceo enfatizó que las omisiones graves en la fiscalización permitieron que estos recursos, correspondientes a diversos programas estatales, se desviaran sin que se impusieran sanciones adecuadas. “A pesar de presentar pruebas contundentes, no se actuó a tiempo. Ahora enfrentamos la realidad de que más de 7 mil millones de pesos han desaparecido”, afirmó la funcionaria, destacando la ineficacia de la administración anterior en la gestión de recursos públicos.

El informe detalla que las irregularidades abarcan 16 oficinas gubernamentales, incluyendo la Secretaría de Finanzas y Planeación, que sola reporta desvíos por 1,850 millones de pesos. Otras instituciones, como el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, también se encuentran implicadas en este entramado de corrupción, sumando montos significativos que complican aún más el panorama financiero del estado.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, la administración de Lezama ha logrado inhabilitar a 47 personas y ha impuesto 65 sanciones desde junio de 2023. Sin embargo, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Carlos Felipe Fuentes del Río, ha subrayado que muchas de las omisiones han quedado sin castigo debido a la extinta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que plantea serias preguntas sobre la rendición de cuentas en el gobierno estatal.

El hecho de que más de 7 mil millones de pesos se hayan perdido sin que se haya podido recuperar un solo centavo resalta la urgente necesidad de reformas profundas en el sistema de administración pública en Quintana Roo. Mientras la ciudadanía exige justicia y transparencia, este caso se convierte en un símbolo de la lucha contra la corrupción que ha marcado la historia reciente del estado.

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