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El 9 de septiembre de 2024, el Senado de la República dio un paso significativo en la discusión de la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al aprobar en comisiones un dictamen que introduce cambios estructurales en el sistema de justicia mexicano. Con 25 votos a favor y 12 en contra, el partido Morena y sus aliados rechazaron todas las reservas planteadas por la oposición, lo que ha generado un debate intenso sobre las implicaciones de estas modificaciones.
Entre los aspectos más destacados del dictamen se encuentra la propuesta de elegir de manera popular a magistrados y jueces, así como a ministros de la Suprema Corte, un proceso que será administrado por el Instituto Nacional Electoral. Además, se plantea reducir de 11 a 9 el número de ministros de la Corte, con un mandato que pasaría de 15 a 12 años. Esta medida ha sido interpretada por algunos analistas como un intento de centralizar el control sobre el Poder Judicial, lo que podría afectar su independencia.
Otro punto controversial es la eliminación de la pensión vitalicia para ministros actuales y futuros, así como un ajuste en sus salarios al mismo nivel que el del presidente de México. Se propone también la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevas instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, así como la eliminación de las dos salas actuales de la Suprema Corte. Estos cambios han suscitado preocupaciones sobre su impacto en la estabilidad y la eficacia del sistema judicial.
El dictamen será presentado ante el Pleno del Senado en la sesión del próximo martes, donde se llevará a cabo la primera lectura. Se espera que la discusión y votación final se realicen el miércoles 11 de septiembre. La rapidez con la que se están tramitando estas reformas ha llevado a críticos a cuestionar si se está priorizando la agenda política sobre el análisis exhaustivo y el debate público necesario en temas de tal relevancia.
La reforma judicial podría sentar un precedente en la historia reciente de México, en un contexto donde el sistema de justicia ha sido objeto de críticas por su corrupción y falta de imparcialidad. Sin embargo, la manera en que se implementen estos cambios y su efecto en la independencia judicial serán fundamentales para determinar si realmente se avanza hacia una justicia más equitativa o si, por el contrario, se corre el riesgo de socavar los principios democráticos en el país.
