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Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo— Desde el 20 de mayo de 2024, el basurero municipal de Felipe Carrillo Puerto ha estado en llamas, generando una columna de humo tóxico que se extiende por la región. A pesar de las numerosas denuncias y la gravedad de la situación, la administración de la presidenta municipal Mary Hernández ha sido acusada de inacción, permitiendo que el problema persista sin solución durante casi cuatro meses.
El incendio, que algunos residentes sugieren pudo haber sido provocado por materiales incandescentes expuestos al intenso calor, ha llevado a los habitantes a cuestionar la responsabilidad del gobierno local en la gestión de residuos. A pesar de que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos prohíbe la disposición inadecuada de desechos y la incineración a cielo abierto, la situación en el basurero contradice estas regulaciones. La comunidad exige una respuesta urgente de las autoridades estatales y federales ante lo que consideran una potencial crisis de salud pública.
Expertos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han advertido sobre los riesgos que conlleva la acumulación de residuos en lugares inadecuados, incluyendo la contaminación del agua y el suelo, así como la posibilidad de brotes de enfermedades. La Península de Yucatán, con su suelo calcáreo, es particularmente vulnerable a la filtración de lixiviados, lo que podría tener consecuencias devastadoras para el ecosistema local y la salud de los ciudadanos.
La situación ha generado un creciente descontento entre los carrilloportenses, quienes sienten que su bienestar ha sido ignorado por la administración de Hernández. Las peticiones para que intervengan las autoridades competentes, incluida la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se han intensificado, con la esperanza de que se tomen medidas decisivas para controlar el incendio y resolver el problema de la gestión de residuos en el municipio.
Mientras el basurero sigue ardiendo y la comunidad se enfrenta a un futuro incierto, queda en evidencia la falta de acción del gobierno local. La indiferencia ante esta crisis ambiental plantea serias preguntas sobre la capacidad del liderazgo municipal para enfrentar los retos que afectan la salud y el bienestar de los ciudadanos.
