Por Agenda QR
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso de Quintana Roo aprobó el 29 de agosto de 2024 la terna de candidatos para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado. La decisión, que se formalizará el 30 de agosto en una sesión extraordinaria, ha generado expectativas sobre la dirección que tomará la fiscalización de las cuentas públicas en la entidad.
Los candidatos designados son María Luisa del Carmen Alcérreca Manzanero, Carlos Alberto Rodríguez Priego y Miguel Zogby Cheluja Martínez. Cada uno de ellos aporta una trayectoria relevante: Rodríguez Priego ha sido director de control presupuestal en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Zogby Cheluja ha desempeñado funciones en la tesorería del Congreso del Estado, mientras que Alcérreca Manzanero, ex presidenta municipal interina de Othón P. Blanco y tesorera del Estado, es hermana de la diputada del Partido Verde, Cristina del Carmen.
A partir del 31 de agosto, los nuevos titulares asumirán funciones por un periodo de siete años, lo que subraya la importancia de su papel en la supervisión y fiscalización de la cuenta pública de Quintana Roo y sus municipios. Sin embargo, la proximidad de sus vínculos políticos plantea interrogantes sobre la autonomía de la Auditoría y su capacidad para ejercer un control efectivo sobre las finanzas públicas.
La designación llega en un momento crítico para el estado, donde las demandas de mayor transparencia y rendición de cuentas son cada vez más urgentes. Los ciudadanos han expresado su preocupación por el uso de los recursos públicos, especialmente en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones gubernamentales.
Aunque la nueva terna podría representar un avance hacia una mayor fiscalización, la historia reciente sugiere que los nombramientos en instancias de control a menudo están influenciados por consideraciones políticas. La sociedad quintanarroense espera que esta vez, la Auditoría Superior actúe con independencia y rigor, esenciales para restaurar la confianza en la gestión pública.
