Por Agenda QR
El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán ha decidido mantener la suspensión definitiva de las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya, un proyecto emblemático del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta resolución, emitida el 29 de agosto de 2024, representa un obstáculo significativo para la continuación de la obra, que abarca 64 kilómetros desde Playa del Carmen hasta Tulum y busca mejorar la conectividad en el sureste de México.
El juez argumentó que las pruebas presentadas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y otras dependencias federales no son suficientes para garantizar que las obras no causarán daños irreparables al ecosistema y las cuevas de la región. A pesar de las afirmaciones del gobierno sobre la reversibilidad de los daños ambientales, el fallo destaca la falta de condiciones adecuadas para levantar la medida cautelar, subrayando la preocupación por la protección ambiental frente al desarrollo económico.
Este caso, enmarcado en el expediente de amparo indirecto 1003/2022, fue promovido por habitantes de Solidaridad que se oponen a la construcción del tramo. La disputa ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación ambiental, un tema que ha polarizado a la opinión pública y a los actores políticos en México.
A pesar de la suspensión, el presidente López Obrador ha reafirmado su compromiso de concluir el Tren Maya para principios de septiembre de 2024. Durante una conferencia, el mandatario enfatizó que ningún recurso judicial detendría el avance del proyecto, que se extiende a lo largo de 1,554 kilómetros y conecta siete tramos en cinco estados, con 34 estaciones distribuidas en 36 municipios.
Mientras el Tren Maya ha transportado a casi 300,000 personas desde su inauguración en diciembre pasado, la resolución del juzgado añade una capa de complejidad al proyecto, que continúa siendo objeto de controversia y escrutinio público. La situación plantea interrogantes sobre la viabilidad del proyecto en el contexto de un creciente activismo ambiental y la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de obras públicas.
