La orden se relacionaba con su presunta participación en el desfalco multimillonario al erario público, revelado por la investigación “Estafa Maestra” durante el sexenio de Enrique Peña Nieto
Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y señalado en el caso de la “Estafa Maestra”, fue vinculado a proceso tras una audiencia de casi 13 horas. La imputación formal solo procedió por el delito de delincuencia organizada, pues una jueza de control desestimó el cargo de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó pruebas suficientes para sustentarlo.
Detención y descarte del cargo de lavado de dinero
Vera Jiménez lo arrestaron elementos de la FGR el pasado 7 de noviembre en Cuautla, Morelos, cumpliendo una orden de aprehensión que databa de hace siete años. La orden se relacionaba con su presunta participación en el desfalco multimillonario al erario público, revelado por la investigación “Estafa Maestra” durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En la reciente audiencia, la FGR intentó imputar al exrector por dos delitos: delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, el abogado de Vera Jiménez, Julio Hernández Barros, confirmó que la jueza solo aceptó la vinculación por el primer cargo, aludiendo a la falta de solidez en los datos presentados para el delito de operaciones con recursos ilícitos.
La defensa insiste en la insuficiencia de pruebas
La defensa legal criticó fuertemente el trabajo de la fiscalía. Hernández Barros señaló en entrevista posterior a la diligencia que la carpeta de investigación está “inflada muchísimo” con documentos que no tienen relación directa con el caso del exrector.
“Nosotros creemos que los datos ofrecidos por la fiscalía no son suficientes para una vinculación. Hay una deficiencia probatoria enorme que seguramente podremos acreditar”, sostuvo el abogado.
A pesar de las objeciones de la defensa, la jueza impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, decisión que el equipo legal calificó de “incongruente con la realidad procesal” y “excesiva”.
