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Juan Manuel “N”, conocido como “Mulay”, ha sido vinculado a proceso por el presunto homicidio calificado de dos hermanos taxistas en Cancún, un caso que ha sacudido a la comunidad local y ha puesto de relieve la creciente violencia en el sector del transporte. La decisión fue tomada por un juez de Control tras examinar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, que investiga este crimen ocurrido el 11 de septiembre de 2024.

Los hermanos, quienes eran miembros activos del Sindicato de Taxistas, Choferes y Similares del Caribe “Andrés Quintana Roo”, fueron secuestrados en el fraccionamiento Prado Norte tras un altercado relacionado con la recolección de pasajes en un lugar no autorizado. Tras ser detenidos por otros miembros del gremio, fueron trasladados a las instalaciones del sindicato, donde se alega que fueron torturados antes de ser llevados a la carretera Valladolid-Leona Vicario, donde finalmente fueron asesinados. Este suceso ha generado indignación y preocupación entre los trabajadores del sector.

La vinculación a proceso de “Mulay” marca un avance en la investigación, que ha sido objeto de atención tanto en medios locales como a nivel nacional, dado el contexto de impunidad que rodea a muchos delitos en México. Las autoridades han enfatizado la importancia de erradicar la violencia en el gremio taxista, que ha enfrentado múltiples incidentes similares en los últimos años. Este caso es el cuarto en el que se vincula a un sospechoso por la muerte de los dos taxistas.

A medida que la investigación avanza, la comunidad taxista ha expresado su temor por la seguridad de sus miembros. Los líderes del sindicato han solicitado a las autoridades un mayor compromiso en la protección de los trabajadores y un enfoque más riguroso para abordar la violencia que afecta a este sector, que es vital para la economía local y la movilidad en Cancún.

El caso de Juan Manuel “N” es un recordatorio de los desafíos que enfrenta México en términos de violencia y justicia. La respuesta de las autoridades será crucial para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que se haga justicia por los crímenes cometidos en contra de los trabajadores del transporte.

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