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Un tribunal federal ha emitido una orden para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongele las cuentas bancarias de la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Esta resolución, confirmada el 25 de marzo de 2025, se produce en un contexto donde la pareja enfrenta serias acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucran un monto aproximado de 2 mil 950 millones de pesos.

La decisión se basa en una sentencia previa del juez Décimo de Distrito, quien había amparado a Gómez Mont y Álvarez Puga en enero del año pasado. Según el fallo, la UIF no logró justificar adecuadamente la razón del bloqueo de sus cuentas, como lo estipula el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. El tribunal argumentó que la solicitud de investigación por un presunto delito de lavado de dinero no provenía de una colaboración internacional, sino de una petición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que pone en entredicho la legalidad del congelamiento.

El caso de Gómez Mont ha captado la atención pública debido a las serias implicaciones legales y financieras que enfrenta la pareja. Según documentos judiciales, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga la posible colusión entre personas físicas y morales para simular operaciones que facilitaron el desvío de recursos públicos. Estas acusaciones incluyen la creación de contratos fraudulentos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, utilizados para encubrir operaciones que no se llevaron a cabo.

El tribunal destacó que el bloqueo de las cuentas no cumplió con los requisitos legales necesarios, lo que lleva a cuestionar el procedimiento seguido por la UIF. La falta de justificación adecuada para el congelamiento de los activos de Gómez Mont y Álvarez Puga sugiere una posible irregularidad en la actuación de las autoridades financieras, lo que podría tener repercusiones más amplias en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en México.

A medida que se desarrolla este caso, el descongelamiento de las cuentas plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas implementadas por la UIF y la FGR para combatir la delincuencia organizada. La sociedad observa de cerca, esperando que las autoridades actúen con transparencia y rigor ante los delitos que han afectado gravemente al erario público.

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